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Morelia, Michoacán.-En respuesta a los conflictos que se vivieron el pasado 5 de abril en la comunidad de Arantepacua, la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán solicitó al Gobierno del Estado un informe completo en el que se detalle bajo qué condiciones se suscitaron las confrontaciones entre autoridades y habitantes de dicha demarcación indígena.

Dejando a un lado sus respectivas banderas, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, coincidieron en que la Secretaría de Seguridad Pública debe esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen.

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En lo que respecta al PRD, el coordinador de la bancada amarilla, Manuel López Meléndez destacó la necesidad de que el Gobierno del Estado aclare en qué situación se encuentran los lazos institucionales con Arantepacua, aunque consideró también que se respetaron protocolos durante el operativo desplegado en la demarcación.

“Nosotros vamos a esperar las justificaciones a ver de qué manera van transcurriendo, pero mientras tanto hago un llamado para que se retome la paz”, declaró en entrevista.

En torno a las opiniones surgidas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en donde siete secretarios solicitaron la expulsión de Silvano Aureoles Conejo tras los hechos antes mencionados; el líder de la bancada del sol azteca dijo respetar la postura de algunos militantes perredistas, pero llamó a que no se especule al respecto.

 

Muertos de Arantepacua, producto de conflictos agrarios no resueltos

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A juicio del diputado por el partido Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, los conflictos registrados en Arantepacua responden a la omisión mostrada “por esta y otras administraciones”, en torno a los conflictos agrarios que enfrenta esta comunidad con la demarcación de Capácuaro, ubicada en Uruapan.

Recordó que en 1941 el gobierno federal decidió otorgarle a la comunidad de Arantepacua un predio de 520 hectáreas, mismo que se peleaba con Capácuaro. No obstante, para 1985 el terreno fue cedido a la demarcación ubicada en Uruapan.

Ello, dijo, no provocó el problema, pues señaló que los conflictos entre ambas comunidades surgieron a partir de que la presente administración mostró “incapacidad” al tratar de buscar el orden en el municipio de Nahuatzen.

Bajo este tenor, urgió la necesidad de que el gobernador, Silvano Aureoles e integrantes de su gabinete, establezcan una mesa de trabajo en donde participen representantes tanto de Arantepacua como de Capácuaro, a fin de disolver dichos conflictos agrarios.

 

PAN y PRI piden respuestas

Foto: Archivo/Ismael Díaz

Como coordinador de la bancada panista, Carlos Quintana Martínez no descartó la posibilidad de que la LXXIII Legislatura solicite la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por considerar que existen aún cuestiones por aclarar en el caso Arantepacua.

“No lo descartamos (solicitar comparecencia), pero tenemos que ver cuál es el resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo, para que a partir de ello los diputados del PAN podamos definir una postura”.

Si bien evitó entrar en detalles, condenó que como producto de los enfrentamientos registrados en Arantepacua, cuatro comuneros hayan perdido la vida.

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Para el diputado por el PRI, Wilfrido Lázaro Medina, lejos de pensar en buscar la comparecencia de las autoridades estatales, el Legislativo deberá analizar los informes que entregue el Gobierno del Estado sobre el caso, con la intención de que “no se le dé carpetazo al asunto”.

Al presidir la Comisión de Seguridad del Congreso local, el también ex alcalde de Morelia sostuvo que la bancada del tricolor se enfocará en comparar los informes que entregue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los que exponga la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la búsqueda de esclarecer el dantesco episodio que vivió Arantepacua hace apenas unos días.

Bajo estos argumentos, los diputados locales resaltaron la necesidad de que el Gobierno de Michoacán revele en qué condiciones se llevó a cabo el operativo policial que tuvo como resultado el deceso de cuatro indígenas en la Meseta Purépecha.