La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República avaló solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rinda un informe detallado sobre la conveniencia de que el Estado mexicano firme la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En reunión de trabajo, convocada por la presidenta de la comisión, senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, se aprobó el punto de acuerdo donde refiere que, en junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector de la población.
Dicho instrumento internacional, expone el escrito, pondrá a disposición de las personas de la tercera edad todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, guiar al Estado en el diseño de políticas públicas sobre el sobre el envejecimiento, y erradicar la discriminación contra este sector.
Apunta que lo anterior es fundamental para México, pues su población adulta mayor se duplicó en menos de un cuarto de siglo: en 1990 sólo incluía a cinco millones y para 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en el país aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.
“El Estado mexicano se encuentra ante una situación alarmante a la que habrá que hacer frente, y para ello requiere hacer una serie de previsiones para estar en condiciones de brindar una vida digna a los adultos mayores y que éstos tengan una vejez activa y saludable”, subraya el punto de acuerdo.
Por otra parte, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó la iniciativa de reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que “la armonización de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado”.
De igual forma avaló el dictamen de reforma al artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, a fin de que la Junta de Gobierno sea presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
En otro dictamen, se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas para que refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.
Finalmente, la comisión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las entidades federativas un informe del proceso que han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.