Piden a la CorteIDH condenar a México por la violencia sexual y tortura propiciada a Ernestina Ascencio por parte de elementos del Ejército Mexicano
En una extensa audiencia de casi cinco horas, los abogados de la familia de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena fallecida el 26 de febrero de 2007 después de ser brutalmente agredida por miembros del Ejército Mexicano, instaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a emitir un fallo condenatorio contra México por violencia sexual, tortura y el homicidio de la víctima hace 18 años.
“Las pruebas deben llevar a la Corte a la conclusión de que el Estado es responsable por la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio Rosario, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna”, afirmó Carmen Herrera durante la audiencia.
La CorteIDH revisó el jueves este caso relacionado con la agresión sexual y la muerte subsecuente de la señora Ascencio por falta de cuidado médico adecuado, así como por la negligencia en proporcionar información del caso y realizar una investigación apropiada de los hechos que permanecen sin resolver.
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El incidente ocurrió el 25 de febrero de 2007 en Tetlatzinga, Sierra Zongolica, Veracruz, cuando Ascencio fue a pastorear y más tarde su hija la encontró en condiciones deplorables.
“Las autoridades estatales no solo ignoraron el testimonio del ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, desestimaron evidencia clave, desviaron y archivaron indebidamente la investigación e intentaron frustrar la búsqueda de justicia de la familia”, señaló Herrera.
Piden sentencia firme de la CorteIDH
Los representantes legales solicitaron una sentencia firme de la CorteIDH que ordene medidas preventivas y de reparación, y que se realice una investigación exhaustiva e imparcial que incluya análisis genéticos para identificar a los culpables.
Durante la audiencia, se reveló que un intermediario del gobierno de Veracruz, identificado como René Huerta, intentó persuadir a las hijas de Ascencio para que no investigaran la muerte de su madre, ofreciendo incluso un viaje pagado a la Basílica de Guadalupe.
Por su parte, el Estado mexicano admitió parcialmente su responsabilidad y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las directrices de la CorteIDH.
“El Estado reconoce, de la manera más respetuosa, que no se cumplieron plenamente las obligaciones estatales de garantizar los derechos a la vida y a la salud de la señora Ernestina, una mujer indígena y adulta mayor, cuyas condiciones de vulnerabilidad debieron ser atendidas con prioridad y urgencia”, expresó Jennifer Feller.
Feller aseguró el compromiso del Estado de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial, así como de implementar medidas necesarias para reparar a la familia y evitar la repetición de estos eventos.
Las partes tienen hasta el 3 de marzo de 2025 para presentar sus argumentos finales y observaciones por escrito a la CorteIDH, que luego emitirá una sentencia definitiva.