Pena de muerte cívica” por corrupción cotempla Michoacán
Prevén más sanciones por corrupción | Imagen. Cortesía

Se plantea en Michoacán “pena de muerte cívica” por corrupción para funcionarios y particulares que hayan incurrido en este tipo de prácticas

Morelia, Michoacán.- En Michoacán se está planteando establecer la “pena de muerte cívica” por actos de corrupción grave, de manera que, los funcionarios que hayan incurrido en este tipo de prácticas queden vetados para siempre para desempeñar algún cargo, así como para prestar servicios o vender algo al gobierno.

La medida se plantea a través de una reforma a Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado que promueve el diputado petista Reyes Galindo Pedraza, de manera específica con modificaciones a los artículos 78, 81 y 84.

Se propone que facultar por ley al Tribunal Anticorrupción del Estado para que en sus resoluciones, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves de funcionarios, pueda mandatar la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas del Estado.

En el caso de las faltas a particulares, se prevé abrir la puerta para la inhabilitación definitiva para para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas o cualquier cargo como servidor público en el estado o municipios de Michoacán.

Por lo que toca a las personas morales, se propone sanción similar a la anterior, incluyendo a todos sus socios accionistas, representantes legales o personas que ejerzan control sobre ellas.

Datos expuestos por Reyes Galindo en la exposición de motivos de su propuesta, con base a la estadística del INEGI señalan que en México ha prevalecido una tendencia al alza en la corrupción, pasando de 12% a 14% en un periodo comprendido del 2013 al 2023.

“En otras palabras, durante diez años los esfuerzos por hacer frente a los actos de corrupción no solo fueron estériles, sino que se tornaron marginalmente menos efectivos de manera sostenida”.

En ese sentido apunta que en Michoacán, los casos de corrupción también representan una de las principales preocupaciones y malestares sociales, “que se ha imbricado con otra serie de problemas arraigados en el contexto económico, social y político, y que deben combatirse con normas y procedimientos adecuados, reto que reposa primeramente en abatir la impunidad”.