Denuncian extorsión y tratos turbios en Congreso de Michoacán
Foto archivo: /Ismael Díaz/Contramuro

A consecuencia de un laudo laboral pendiente por liquidar, cuyo monto asciende a un millón 300 mil pesos, mediante un mandato judicial el Congreso del Estado podría ser embargado este mismo viernes 2 de junio de 2017.

Por más irónico que parezca, este miércoles se dio la noticia, una noticia que causó eco por la magnitud de la misma, considerando el problema que se le ha venido desatando al Congreso por temas de este carácter.

En torno al tema, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Michoacán, Luis Fernando Rodríguez Vera opinó hace unas semanas que la falta de disposición para conciliar con los asesores y trabajadores que llegan a salir del Congreso, sería el principal cáncer del Legislativo, pues dijo que a consecuencia de ello, hoy en día la LXXIII Legislatura se enfrenta a 200 demandas por conflictos laborales que de ahí emanaron.

Estas 200 demandas, según comentó en una entrevista concedida el pasado 25 de abril del presente año, oscilarían entre los cinco y diez millones de pesos.

¿Por qué el riesgo de embargo?

En el caso específico que enfrenta actualmente la LXXIII Legislatura, se trata de una demanda instrumentada por Karina Campos, quien luego de fungir como asesora del exdiputado, Jaime Darío Oseguera Méndez, fue destituida de su cargo sin finiquito, y dejando a un lado la plaza que ya había afianzado con antelación.

Bajo esta condición, la afectada decidió demandar al Congreso, consiguiendo con ello una recuperación de un millon 300 mil pesos; sin embargo, el Legislativo, a través de la Junta de Coordinación Política, se negó a liquidar dicho monto.

Por ello, este viernes la afectada consiguió, mediante la vía jurídica, proceder al embargo del Palacio Legislativo, y aunque el inmueble supera el pendiente monetario -un millón 300 mil pesos-, los bienes del Congreso sí podría ser desmantelados.

Así, todo se definirá el próximo viernes 2 de junio, fecha que se estableció para proceder al embargo que se ejecutaría sobre el Congreso, ante la negativa de pago mostrada por parte del cuerpo jurídico del Poder Legislativo.