El peculado aún se mantiene en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales como un delito de daño patrimonial sin violencia, por lo que abre la puerta a exfuncionarios federales, estatales y municipales de Michoacán y otros estados a que soliciten un acuerdo reparatorio de este daño y no pisen cárcel, lo anterior en base a las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal.
Lo anterior, informó Isabel Maldonado Sánchez, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
La maestra en derecho penal en juicio orales y justicia alternativa consideró que se debe de reclasificar este delito de peculado cometido por servidores públicos para que se niegue la reparación del daño porque debe de existir “un interés público prevalente” en el que no sólo se repare el daño patrimonial sino también se castigue con prisión a quienes afectaron económicamente las finanzas estatales y municipales.
Maldonado Sánchez aseguró que en el estado de Guanajuato es la única entidad federativa que tiene en su Código Penal del Estado la figura de “interés público prevalente”, y en el cual se garantiza que quienes dejaron a una comunidad o municipio sin recursos públicos para atender sus necesidades básicas serán castigados. Dijo que ni el Gobierno del Estado o los ayuntamientos de Guanajuato pueden acordar una reparación del daño y evitar la judicialización, lo que se propondría también es esa figura ante la Federación para el caso de Michoacán.
Cabe recordar que la pasada legislatura del Congreso de Michoacán establecieron un acuerdo político para reformar el Código Penal y eliminar el delito de peculado, lo que abrió la puerta a que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya no pudiera ejecutar órdenes de aprehensión contra exservidores públicos por ese delito derivado de que ya no existía en la normatividad estatal.
El procurador Martín Godoy justificó que esa decisión de los pasados legisladores locales permitió que quedará absuelto Humberto Suárez López, extesorero de Michoacán de los primeros dos gobiernos del PRD, de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel.
Godoy Castro argumentó que la desaparecer el delito de peculado al momento de hacerse la reforma al Código Penal, se quedaron sin efecto un número importantes de expedientes de exfuncionarios tanto estatales y municipales que no podían ser juzgados por ese delito.