En los estados laicos y democráticos tenemos dos tipos de sistemas legales, el que es conocido como de derecho común, que se rige entre otros, por los principios de equidad y la costumbre, y los sistemas de derecho codificado en donde el principio de legalidad sobresale en todo momento, dado que éste se interpreta de manera rígida con arreglo a la literalidad de lo que la ley dice, antes que busca interpretar su significado, con arreglo en lo que se ha establecido por precedentes judiciales similares.

En el sistema de derecho común, la mayor parte del proceso es oral y se busca convencer a un jurado compuesto por ciudadanos no especializados en temas legales. En el sistema de derecho civil, el proceso funciona de forma totalmente contraria. La mayor parte del proceso es escrito y quienes dictan la justicia en nombre del Estado son los jueces en lo individual, salvo cuando son instancias colegiadas. Los casos inglés y norteamericano son claros ejemplos del sistema del derecho común y Alemania, España, Francia y México, entre otros, somos parte del sistema de derecho codificado. En ambos sistemas, se persiguen el mismo fin por medio distinto. Intuyo que de manera exitosa hay ejemplos de que en ambos sistemas puede haber justicia, pero lamentablemente esto no aplica en todos los países.

Considero que es impórtate hacer esta observación de manera muy meticulosa, porque la nueva propuesta que ha sugerido el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en materia de justicia, versa no sólo sobre la posibilidad legislativa de modificar las reformas, sino de cómo poder entender y acceder a la justicia común, la que reclama cada uno de los ciudadanos día con día y que no tiene consecuencias de orden penal, sino además porque podría implicar un cambio en el modelo de importación de la justicia que han llamado cotidiana.

 

Es un cambio en el más amplio sentido de la expresión. Desde mi particular punto de vista me gusto, porque se crean incentivos para que las partes resuelvan sus diferencias antes de iniciar un proceso que pueden ser largos, onerosos y llenos de incertidumbre que al final son los aspectos que lastiman la confianza y certeza que requiere un sistema de impartición de justicia expedita, imparcial y pronta.

Efectivamente, este es un nuevo sistema de impartición de justicia, como el que se está planteando, va a requerir de dos elementos, para poder asegurar el éxito de la reforma y además, no serán los jueces ni tampoco los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que tengan la última voz, sino que los profesores y las universidades.

 

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