La ONU prepara recomendaciones para México sobre derechos de migrantes, las cuales serán publicadas el 15 de abril.
Estados Unidos.-El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios tiene previsto publicar un informe con recomendaciones para México el próximo 15 de abril. Este documento sigue a la evaluación realizada al país sobre las acciones para investigar delitos y violaciones de derechos humanos contra migrantes, según informó la Fundación para la Justicia.
En un comunicado, la fundación indicó que los días 7 y 8 de abril, el comité evaluó al Estado mexicano en Ginebra y resaltó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), organismos cruciales para abordar este tema.
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El comité solicitó a México detalles sobre las acciones para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos y la instalación de la Mesa de búsqueda de migrantes, pendiente desde hace tres años. Sin embargo, el Estado no proporcionó respuestas a estas preguntas, señaló la Fundación.
La fundación destacó que “el Estado reconoció pendientes en el diseño de política pública para abordar la crisis de desapariciones en el país y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, principalmente en El Salvador, para que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional”.

Diversas organizaciones y redes de derechos humanos, como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, destacaron los principales desafíos del Estado mexicano en temas de desapariciones, masacres, trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo, xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de la niñez migrante, y acceso a derechos, incluyendo el otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Previamente, enviaron informes sombra al Comité con información detallada.
Sobre la falta de verdad y justicia para las familias de las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), Fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), el comunicado lamentó que la delegación del Estado mexicano sólo mencionara los prolongados juicios iniciados por las víctimas y la Fundación para la Justicia para acceder a los expedientes de investigación, sin informar sobre los resultados de las investigaciones de la FGR ni avances en la identificación y sanción de responsables.
“Tampoco mencionaron que en relación a la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, se han dictado dos sentencias (hasta donde tenemos conocimiento) contra 38 presuntos integrantes de los zetas, por delitos de delincuencia organizada o portación de arma de fuego, más no por los secuestros, tortura y homicidios de los migrantes”.
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Según el comunicado, el Estado mexicano reconoció el bajo índice de judicialización de casos de delitos contra migrantes, indicando que entre 2019 y 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Además, refirió que de 2018 a 2023, solo se obtuvieron 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar que las víctimas fueran migrantes.