La ONU expresa preocupación por la expansión de la prisión preventiva en México.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha manifestado su inquietud respecto a la propuesta de reforma constitucional en México que busca extender la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva debe ser una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, declaró Türk.
Recientemente, la Cámara de Diputados de México ratificó la reforma constitucional que amplía los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, incluyendo ahora la extorsión y delitos relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo.
Según la ONU, entidades internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han sugerido repetidamente la abolición de la prisión preventiva oficiosa en las leyes y prácticas mexicanas, lo cual se opone directamente a esta reforma.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, enfatizó el Alto Comisionado.
Türk recomienda explorar alternativas a la detención y concentrarse en “fortalecer la capacidad” de las fiscalías para acumular evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva de manera individualizada, caso por caso.
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos“, concluyó el comunicado de la ONU.
La medida ha generado polémica también en México, donde representantes del Partido Acción Nacional (PAN) argumentaron que “no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos”.
Por otro lado, el diputado Leonel Godoy, de Morena, defendió la necesidad de la medida, señalando su contribución a la reducción del homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.