A unos días de que el Ayuntamiento de Morelia fuera sancionado por el IMAIP tras violentar la privacidad de la ciudadanía con las llamadas telefónicas que se venían realizando para trabajar en la gestión del impuesto predial, hasta el momento el presidente, Alfonso Martínez Alcázar ha evitado emitir una postura al respecto.
Una y otra vez, la prensa local intentó abordar sin éxito al edil independiente durante los festejos patrios que se llevaron a cabo este 16 de septiembre, pues aún se desconoce la reacción que tuvo el municipio al haber sido sancionado por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
Sin detenerse, el presidente independiente evadió a la prensa en más de una ocasión bajo el resguardo de sus enlaces de comunicación social, quienes se comprometieron a facilitar una entrevista que, evidentemente, nunca llegó.
“En un momento chicos, el alcalde tiene que atender al gobernador; sólo unos minutos por favor”, fueron las palabras que se repitieron una y otra vez por parte de quienes han venido blindando la imagen de Alfonso Martínez ante la opinión pública.
Como contexto, es importante subrayar que la sanción del IMAIP se giró al identificar un indebido tratamiento a los datos personales de sus contribuyentes, derivado de un contrato de prestación de servicios de representación, gestión y asistencia recaudatoria celebrado con determinada persona moral.
Ello, luego de que el IMAIP realizara una inspección en la Tesorería Municipal, en donde se constató que la empresa encargada de gestionar el impuesto predial estaba haciendo uso de datos personales de los ciudadanos sin su consentimiento, lo cual derivó en que se ordenara la suspensión de las llamadas telefónicas que se habían usado como herramienta recaudatoria por parte del Ayuntamiento.
Además de esta determinación, la resolución del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también contempló imponer una multa equivalente a 750 veces el valor diario de la unidad de medida (que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, que en este caso sería el predial).
Bajo este tenor, es importante recordar que la incapacidad operativa que existe en el Ayuntamiento en cuanto a labores de gestión, provocó que el municipio se inclinara por emitir una Licitación Pública Nacional para que el sector privado se encargara de recaudar por lo menos 400 millones de pesos, correspondientes a 120 mil bienes inmuebles que no han cumplido con el pago del impuesto predial.
De acuerdo con las expectativas del Ayuntamiento, se prevé que para el mes de diciembre el municipio haya logrado recaudar por lo menos el 60 por ciento de la cartera vencida actual, la cual actualmente asciende a 400 millones de pesos.
Ante este panorama, el presidente moreliano se ha negado a explicar cuál será la respuesta del Ayuntamiento, pero sobre todo cómo pretenderán cumplir con la meta antes referida, luego de que se les impidiera acosar vía telefónica a la ciudadanía.
Como dato complementario, es de destacar que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fijó dicha resolución desde el pasado 13 de septiembre, por lo que a partir de ello el Ayuntamiento se encuentra limitado a incidir en las prácticas que venía manejando.
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