Raquel Buenrostro presenta la Secretaría Anticorrupción México, destacando su enfoque en prevención y equidad.
Ciudad de México.- Raquel Buenrostro, encargada de la recién formada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anunció cambios significativos en la anterior Secretaría de la Función Pública (SFP) para potenciar la lucha anticorrupción.
Durante la conferencia mañanera de 17 de octubre de 2024, Buenrostro reveló que la entidad será renombrada, adoptando un enfoque más orientado hacia la prevención y la transparencia.
“Cambiar la mística y vocación” de la Secretaría es el objetivo principal de esta transformación, según palabras de Buenrostro.
Resaltó que las medidas implementadas ya están teniendo un efecto positivo, evidenciado por una disminución del 11.2% en los incidentes de corrupción en el país. Con estas reformas, se busca alinear a las instituciones públicas con estándares internacionales y adoptar un enfoque proactivo en lugar del correctivo prevaleciente.
¿Cuál fue el motivo del cambio de nombre por Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno?
El cambio de nombre forma parte de una reestructuración mas extensa que intenta desvincular el poder político del económico.
Buenrostro explicó que medidas como la eliminación de intermediarios en la distribución de recursos de programas sociales y la supresión de privilegios fiscales son esenciales para fomentar la equidad. Además, mencionó que la política de austeridad republicana ha sido clave para minimizar gastos superfluos en el gobierno.
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A nivel mundial, la corrupción supone un 5% de la economía global, lo que en México representa mas de un billón de pesos. Con una firme política de austeridad y transparencia, la nueva Secretaría busca redirigir recursos hacia programas sociales y servicios públicos.
La dependencia se centrará en dignificar el servicio público, mejorar la formación técnica de los funcionarios y asegurar un seguimiento preventivo en las instituciones. Se dará prioridad al fortalecimiento de la cultura de la denuncia, protegiendo la confidencialidad de los informantes y combatiendo la impunidad para que las transgresiones tengan consecuencias más severas.
Buenrostro afirmó que este nuevo enfoque es un paso adelante para “transparentar el ejercicio público” y para involucrar a la sociedad civil y al sector privado en la lucha contra la corrupción, enfocando los Órganos Internos de Control hacia áreas de mayor impacto.