A la memoria de la Mtra. Ma. Concepción García Gallegos y del Mtro. Ramón Paz Salinas.
Indignantemente, una maestra y un maestro fueron asesinados en menos de una semana en Michoacán de Ocampo. Estos hechos constituyen un signo claro de que la inseguridad está desbordada.
Las maestras y los maestros, por su trabajo de años formando a las niñas, niños y jóvenes, por su ejemplo, por su preparación académica, por su vocación docente, por el reconocimiento social que a pulso se han ganado y por el nivel salarial que tienen, pertenecen a lo que Benito Juárez llamó “la honrosa medianía”, poseyendo autoridad moral y liderazgo.
Dadas las condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen en Michoacán, vivir en la honrosa medianía que proporciona el magisterio y tener los medios para poseer una camioneta constituyó en ambos casos un catalizador de sus respectivos asesinatos.
Una camioneta terminó calcinada al pisar una mina terrestre al transitar por una comunidad apatzinguense. La otra camioneta fue la causa aparente de un violento robo, que conllevó un homicidio doloso.
Asesinar a un maestro es cortar las alas a quienes enseñan a volar a nuestros hijos, además de dejar en luto y desamparo a sus familias.
Tener recursos para poseer una camioneta y trasladarse en ella a comprar garrafones en Morelia o a cultivar una huerta de limones en una comunidad de Apatzingán no deberían de constituir, absolutamente, factores de riesgo para perder la vida, como en efecto parece haber sucedido, a reserva de la conclusión de las investigaciones por parte de las autoridades en materia de procuración de justicia.
El magisterio, como parte de la sociedad está igualmente expuesto a lo que los ciudadanos enfrentamos cotidianamente, a esta clase de situaciones de inseguridad, violencia, delincuencia organizada que lindan en actos terroristas. Es preciso elevar la seguridad, que las autoridades en la materia den resultados, que se reflejen en indicadores, en percepción, en prevención y en que no queden estos crímenes en la impunidad.
Por supuesto, expreso mis más sentidas condolencias, mis deseos de que descansen en paz, mi exigencia las autoridades para que haya esclarecimiento pleno de sus asesinatos y que se castigue con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de ambos homicidios.
¿Qué necesita suceder para que la inercia gubernamental en materia de seguridad se modifique sustancialmente y que cambien hacia un sentido radicalmente favorable las condiciones estructurales de seguridad en Michoacán?
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Recuperar la rectoría de la educación es mucho más que un discurso dirigido al sector educativo: implica que nunca nos falte nadie. Mucho menos, porque sean víctimas de homicidios dolosos. La revalorización docente también implica que las maestras y los maestros puedan vivir en paz fuera de las aulas.
Por extensión, defender y hacer progresar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán implica previamente blindar dentro y fuera de las escuelas, de toda manifestación de violencia, especialmente aquella que amenaza la vida, tanto al sistema educativo y a sus agentes educativos, quienes participan activamente en la formación integral de la sociedad futura, por lo que es redobladamente importante que no sean víctimas de los peores fenómenos de nuestro presente.
También, varios de los asesinados durante esta semana fueron jóvenes. Otros más, fueron personas que tienen que trabajar sin seguridad social, bajo esquemas de propinas y en horarios nocturnos, con alta exposición a riesgos, por no contar con carreras universitarias. No cuidar a las generaciones en formación ni asegurar trayectorias educativas completas son factores de riesgo que están en manos de los funcionarios conjurar. Que así sea.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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