El secretario de Gobierno, Adrián López Solís aseguró que las 10 denuncias penales interpuestas ante la PGJE y la PGR por la Secretaría de la Contraloría contra exfuncionarios por los delitos de peculado, desvió de recursos, entre otros, no se conviertan en un tema mediático ni se les dé “carpetazo, y, por el contrario, se “judicialice” el asunto. Adicionalmente, informó que se preparan los expedientes en las áreas de salud, educación, obras públicas y seguridad, en las que podrían interponerse más denuncias penales por irregularidades en el ejercicio de los recursos económicos.
En entrevista, el encargado de la política interna del estado explicó, “nosotros no queremos que se le dé carpetazo, lo que queremos es que esa carpeta de investigación se judicialice y que llegue a los jueces que conozcan de estas causas y se determinen las responsabilidades”.
Asimismo, reiteró que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), integra las investigaciones sobre posibles ilícitos cometidos en las administraciones anteriores, en el manejo de los recursos públicos en dependencias enfocadas a los ámbitos de la salud, educación, obras públicas y seguridad, las cuales, de ser el caso, derivarían en denuncias ante la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, López Solís detalló, “hasta el momento no se yo que ya las haya presentado, lo que si se es que después de haber hecho las denuncias por los temas que ya conocemos, se avocaría a revisar los resultados de las auditorias en educación, en salud, en obras públicas y en seguridad, esto de lo que resulte, y nosotros compartimos y vemos necesario que se hagan, poner el expediente en manos de la autoridad investigadora y determine en su caso la probable existencia de hechos delictuosos y probable responsabilidad de persona determinada”.
Insistió en que los funcionarios están imposibilitados a emitir información detallada sobre los responsables de los delitos de desvíos de recursos, peculado, entre otros, debido a la secrecía a través de la cual, las procuradurías están obligadas a investigar el asunto y definir a los presuntos responsables de ilícitos.
“Las carpetas de investigación en esencia contiene datos o líneas que orientan el sentido de una indagatoria, en donde, quienes no estamos relacionados con ellas, estamos obligados a la secrecía, quienes las tienen en sus manos están doblemente obligados, no podemos nosotros hacer señalamientos anticipados, ni podemos tratar este tema con un interés mediático, tiene que ser un interés jurídico que respete por supuesto los procedimientos, las formalidades, y también el derecho de quienes eventualmente pudieran ser responsables para defenderse en juicio”, concluyó.