El legislador Ciudadano, demandó sanciones reales contra servidores públicos que incurran en hostigamiento o acoso sexual, como la destitución del cargo
Morelia, Michoacán. El diputado Ciudadano, Javier Paredes Andrade, demandó la aprobación de un plan de combate real y efectivo para el hostigamiento y acoso sexual en Michoacán, ante el incremento en el número de casos a nivel nacional.
Al presentar en la sesión ordinaria, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción X al artículo 113, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán y se adiciona el artículo 62 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, demandó la incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.
El representante popular único por Movimiento Ciudadano, presentó la propuesta para generar las condiciones necesarias para el combate efectivo del hostigamiento y acoso sexual laboral, como un problema social que afecta principalmente al género femenino y le impide su desarrollo, viola su derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral; y, que en muchos casos atenta contra la libertad y seguridad personal, la dignidad, el derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo general.
Aseguró que es una conducta que se ejerce generalmente desde una posición de poder, en donde el sujeto pasivo se encuentra respecto al superior en una situación de alta vulnerabilidad. El problema tiene relación directa con los roles que se atribuyen a los hombres y a las mujeres en la vida social y económica y que afecta directa o indirectamente a la situación de las mujeres en el mercado laboral.
Reconoció que si bien los hombres también sufren casos de acoso sexual en sus espacios de trabajo, la realidad es que son las mujeres las que mayormente sufren este tipo de agresión.
“El acoso sexual laboral se da en un contexto de violencia contra las mujeres o violencia de género. Se puede decir que también se producen otros actos discriminatorios contra las mujeres como las diferencias de salarios, el reparto de tareas por género, entre otros. A estos se asocian el acoso psicológico o moral, así como los abusos de tipo racista y homofóbicos”, manifestó el legislador.
Señaló que más del 60 por ciento de las mujeres que trabajan en una dependencia pública, no tiene conocimiento claro de cuáles son los mecanismos para atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual, o si la propia dependencia cuenta con tales mecanismos o protocolos de atención inmediata y efectiva.
Por lo anterior, propuso la intervención de la Contraloría Interna de este Congreso, se pretende generar un modelo tanto preventivo como de atención efectiva e inmediata de conductas de hostigamiento y acoso sexual en la fuente de trabajo; que se desplieguen medidas de protección inmediatas para las probables víctimas.
Asimismo, que los funcionarios de la Contraloría estén en posibilidades de tener competencia para intervenir en estos casos.
De la misma manera, también se propone la adición del artículo 62 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, correspondiente al apartado de Faltas graves, con la finalidad de que se actualice lo señalado en el párrafo segundo del artículo 169 del Código Penal del Estado.
En el sentido de que si el sujeto que cometió el hostigamiento y acoso sexual fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo proporciona, además de la pena señalada en el Código, será destituido del cargo.