Fanny Arreola ciencia y tecnología
Fanny Arreola ciencia y tecnología

Presenta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación iniciativa para reformar en la materia las leyes de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, y la Orgánica y de Procedimientos del Congreso.

Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2022.- En Michoacán es necesaria la participación de representantes del Poder Legislativo en los consejos de ciencia y tecnología subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, presidenta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello, la diputada por el Distrito de Apatzingán junto con los legisladores Marco Polo Aguirre Chávez y Laura Ivonne Pantoja Abascal, integrantes de la Comisión, presentaron este jueves una iniciativa para reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, así como la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso.

“El actual marco legal en el Estado en la materia no contempla de manera puntual la integración de miembros del poder legislativo en sus consejos, coordinaciones o juntas de gobierno”.

La también coordinadora de la Representación Parlamentaria recalcó que la participación de un representante del Poder Legislativo garantizaría la capacidad de diseñar y adecuar acciones de manera oportuna, inclusiva y sostenible, coadyuvando en articular políticas públicas que promuevan el avance social y productivo que construyan alianzas entre los sectores como la academia, la iniciativa privada y el gobierno para alcanzar sus objetivos.

“La supervisión legislativa es una actividad fundamental en la vida institucional de la administración pública, la cual permite auditar a los poderes públicos, abonando así a la transparencia, el libre acceso a la información garantizada por la ley y el equilibrio entre poderes”.

Fanny Arreola recalcó que los mecanismos de financiamiento, desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura deben tener certeza y continuidad en el largo plazo y deberán alinearse con las estrategias de formación de políticas públicas para la evaluación que permitan al sector ser más competitivo, adaptable, libre, descentralizado, con contrapesos y con la participación de la comunidad científica, académica e iniciativa privada.

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