El exfiscal Jesús Murillo Karam, vinculado a proceso por el ‘caso Ayotzinapa’; está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia
El ex procurador, Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso la tarde de este miércoles por el caso Ayotzinapa, del cual, se le imputan tres delitos:
1.- Contra la Administración de Justicia.
2.- Tortura.
3.- Desaparición Forzada (reclasificado con base en el Código Penal Federal).
El ex titular de la extinta PGR reconoció que pudieron cometerse errores en el caso Ayotzinapa, pero que ni los antropólogos argentinos, ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pudieron echar abajo las investigaciones que se realizaron.
Durante la audiencia que se desarrolló este miércoles en un juzgado federal del Reclusorio Norte, dijo ante el juez de control que se han buscado alternativas y también se han caído.
Antes de que se decretara un receso, tanto la defensa como la Fiscalía General de la República presentaron sus argumentos.
La FGR señaló que la culpabilidad del ex funcionario federal se sostiene de las conferencias de prensa que ofreció, luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, donde se planteó la “verdad histórica” sobre lo ocurrido en Iguala, además de qué hay 4 señalamientos de testigos protegidos.
En tanto, los representantes de la FGR advirtieron que el ex procurador sabía de los actos de tortura cometidos contra involucrados en este caso y que no hizo nada, además de que se presentó el material donde aparecen estos personajes y en donde se auto incriminan.
Por su parte, la defensa pidió que no se tomen en cuenta los datos aportados por la Fiscalía, ya que no existe ningún testimonio que lo inculpe.
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En dicha audiencia, el juez de control apercibió a los abogados, luego de que uno de ellos leyera una tesis de la Corte donde dice que un juez que aplique una legislación de manera retroactiva cae en la ineptitud.
La defensa solicitó que Jesús Murillo Karam no sea juzgado por el delito de desaparición forzada, porque los hechos que se le atribuyen ocurrieron en 2014 y la Ley General de Desaparición de Personas entró en vigor en 2017.