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Foto: Contramuro

Motivación política y no legal, auditoría ordenada por Congreso a ASM

Morelia, Mich.- La auditoría ordenada por el Congreso del Estado a la Auditoría Superior de Michoacán, tiene una motivación política y no legal, consideró el titular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

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Entrevistado a propósito del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso sobre el informe de la fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2021, en donde se acusan deficiencias del órgano fiscalizador y el mandato de auditarlo, Aguirre Abellaneda respondió a cada uno de los señalamientos realizados en el documento.

En primer lugar refirió que no hay elementos para descalificar el trabajo realizado por la Auditoría debido a que ha incrementado el número de auditorías que se practican: “desde que yo asumí la Auditoría Superior, hemos aumentado al doble los alcances y los universos de las revisiones, en ese sentido, no entiendo por qué dicen que no hay los elementos suficientes para decidir sobre la Cuenta Pública del Estado y no así en las municipales”.

Sobre los señalamientos hechos el diputado Marco Polo Aguirre de que la Auditoría no fiscalizó la Secretaría de Educación, ni los cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública, y del comentario del legislador Baltazar Gaona acerca de que fue menor la porción de lo que se fiscalizó a lo que realmente correspondía, Miguel Ángel Aguirre desestimó tales dichos.

“Fiscalizamos todos los entes y cumplimos al cien por ciento lo que nos mandató el Congreso, está fiscalizada tanto la Secretaría de Educación como la de Seguridad Pública, tanto que hay posibles observaciones en los cuarteles”.

Explicó que a la Auditoría Superior de Michoacán le compete la fiscalización de los recursos, en tanto que a la Auditoría Superior de la Federación los de origen federal.

“Del total del presupuesto estatal el 95 por ciento es recurso federal y el cinco por ciento estatal, a nosotros nos corresponde la revisión de ese cinco por ciento. Sobre los recursos ejercidos en 2021, tal y como reconocen los diputados nosotros fiscalizamos el 4.75 por ciento, lo que quiere decir que se fiscalizó el 90 por ciento de lo que nos correspondía”.

“Entonces cumplimos con todo lo que nos encargaron, lo demás, lo auditó la Auditoría Superior de la Federación y si recuerdan, la ASF sacó unas observaciones de cerca de 13 mil millones de pesos”.

Recalcó que el propio dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto ejemplifica el cumplimiento de la Auditoria, tanto que del informe elaborado por el órgano fiscalizador proviene la información consignada en el dictamen acerca de que existen observaciones por 223 millones de pesos.

En el caso de la auditoría mandatada a realizar por la Unidad de Evaluación y Control a la Auditoría Superior de Michoacán, refirió que la ASF ya ha señalado que sólo ella puede auditar recursos federales.

“La Auditoría Superior de Michoacán a través de su presupuesto ejerce recursos federales, por eso la Auditoría Superior de la Federación ya nos fiscalizó y las observaciones fueron desvanecidas”.

Apuntó que ya ha habido ya auditores de la Unidad de Evaluación y Control fiscalizando a la Auditoría.

“Vamos a enviar nuestros oficios donde les decimos que no tienen facultades para revisar los recursos federales, porque eso es lo que ellos mismos con los municipios nos han planteado a pesar de que nosotros no hemos fiscalizado recursos de origen federal”.

Asimismo Miguel Ángel Aguirre sostiene que en el dictamen a la Cuenta Pública Estatal 2021, el derecho constitucional de audiencia no se lo dieron, “en la cuenta municipal me dan 30 días para desvanecer las posibles observaciones que se tengan, desvirtuarlas, en la estatal no se me da ninguna oportunidad, no tengo ningún derecho de audiencia”.

La cuestión de la Auditoría yo lo veo más como un acto político que un acto realmente de fiscalización, no lo vemos como un acto de transparencia. No se reunió la Comisión Inspectora con Presupuesto, no fue en Comisiones Unidas donde se dio la indicación, entonces lo veo un acto totalmente político.

“Cuando se rebasa lo legal se puede inventar cualquier situación, es decir, si no hay facultades del Congreso para revisar los recursos federales ¿por qué se mandata una auditoría?, ¿por qué se contratan despachos externos?, ¿quién los va a contratar?, ¿se va a hacer vía licitación?, ¿se va a hacer vía invitación restringida?, y lo más importante, la auditoría ¿sería legal? porque no hay una ley que les mandate revisar los recursos federales”.

-¿Es una ruta más que van a explorar para removerlo del cargo de auditor?

“Yo pienso que sí, es una ruta más que tratan de explorar para decir que no se cumple con toda la normativa”.

-Entonces ¿qué lectura le da a este dictamen?

“Político como lo dije desde un principio; si ellos mismos me están dando la razón de que llegué a una auditoría de más del 90 por ciento, que auditamos según los informes, cumplimos con todo el programa de fiscalización, me audita la Auditoría Superior de la Federación, entonces ¿cuál es el tema más que político?, la Auditoría ha cumplido con todos sus objetivos y todos sus programas y los ha rebasado”.

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Patricia Monreal ejerce el periodismo desde 1996 en Michoacán, México. Ha laborado y colaborado en diferentes medios nacionales y locales, así como en proyectos independientes tanto en investigación, como reportera, editora, columnista, caricaturista...