La Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano no vaciló en acusar directamente a Morena y al Secretario de Gobierno de estar detrás de la toma de sus instalaciones
Morelia, Michoacán.- La toma de las instalaciones de la Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano ha desatado una tormenta política con claros vínculos hacia Morena, el partido oficialista, emergiendo como figura central, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, a quien acusan de tener intereses de fondo, lo que ha venido a desestabilizar la mesa directiva de la Asociación y retrasando la investigaciones judiciales.
En un escenario donde los actos delictivos se tejen con el entramado político, la Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano no vaciló en acusar directamente a Morena de estar detrás de la toma de sus instalaciones. José Alfonso Díaz Tapia, presidente de la Asociación, señaló durante rueda de prensa que en octubre del año pasado, un grupo de individuos llevó a cabo la toma violenta de la sede, saqueando las instalaciones, robando autos, equipos de bombeo e incendiando máquinas. Esta toma, según su relato, dio lugar a saqueos que oscilan entre los 19 y 20 millones de pesos.
Las investigaciones judiciales se han multiplicado, dando lugar a cuatro carpetas de investigación por delitos penales contra los involucrados. Sin embargo, la sombra de la omisión recae sobre la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que las figuras de Carlos Torres Piña y Rubén Robledo Agabo emergen con intereses políticos en el trasfondo del conflicto.
En una narrativa que parece novela de intriga política, Díaz Tapia mencionó los nombres de los presuntos implicaciones en los delitos: Alberto Carrizales Guevara, Santos Soria Aguirre, Ramón Pérez Moreno, Jesús Ruiz Ledesma, J. Jesús Robledo Ledesma, Antonio Morales Carrillo y Serafín Ávila.
Los motivos subyacentes parecen ser de naturaleza económica, aunque Díaz Tapia matiza que la carta constitutiva de la organización establece claramente que los recursos para la tecnificación de riego son gestionados a través de las comisiones Estatal y Nacional del Agua, bajo un fideicomiso específico.
El drama político se amplificó con la entrada en escena de Rubén Robledo Agabo, alcalde reelecto en José Sixto Verduzco, quien se desligó del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para unirse a las filas de Morena. Lo que deja ver una interconexión en el panorama político.
Díaz Tapia instó a la Fiscalía a abordar el conflicto con premura, ya que este afecta a miles de familias cuyas actividades económicas dependen del módulo de riego en Pastor Ortiz.
Además, se destacó la aprobación de un fondo destinado a actualizar el padrón de usuarios, lo que se espera prevenga futuras irregularidades. No obstante lanzó cuestionamientos hacia Jesús Camacho Pérez, director de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, a quien se acusa de retener los recursos destinados a este fin.
En medio de la problemática en Pastor Ortíz, Díaz Tapia niega tener alguna afiliación partidista contraria a Morena en la Asociación. Cabe recordar que en 1993 se produjo una reforma que transfirió la administración de los distritos de riego a organizaciones civiles, generando el marco para la creación de la Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano. Esta entidad juega un papel vital en la distribución del recurso hídrico, fundamental para el desarrollo económico de la región.
La tensión se exacerbó en octubre de 2022, cuando un grupo de inconformes tomó las instalaciones de la Asociación, acusando a Alfonso Tapia de corrupción y mala gestión de recursos. Estas acusaciones, negadas por el presidente de la Asociación.