Morelia, Michoacán.- Hasta 78 mil millones de dólares están garantizados por los próximos cinco años para México, gracias a los descubrimientos que se hicieron en el Golfo de México, de pozos profundos de petróleo y que podrán ser explotados en convenio gracias a la implementación de la Reforma Energética.
“El mercado Norteamericano tuvo mucha censura con México en años anteriores debido al ‘monopolio’ que existía en cuanto a los recursos energéticos, sin embargo, ahora con la implementación de la Reforma Energética se pueden hacer planes de negocios que favorezcan a los tres países y sobre todo a México que tiene la materia prima”, expuso el tesorero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos Férez.
Y es que el empresario recordó que desde ahora con las sesiones previas a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esos temas son los que se pueden discutir a favor de la nación mexicana, por lo que hay seguridad de que el canciller del país, Luís Videgaray Caso y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, (que se encuentran en Estados Unidos con esta situación como prioridad), tendrán en cuenta el tema energético.
En ese tenor, resaltó que para el propio país será benéfico que se transparenten todos los temas que tengan que ver con dicha reforma, sobre todo porque hay desconocimiento de la sociedad y tuvo un impacto negativo debido a actores que la manejaron como una estrategia para vender los derechos que tienen los mexicanos sobre los recursos energéticos. Por ello, los temas de anticorrupción serán clave para ello.
Y en ese tenor, Enoch Castellanos dio a conocer que es Chihuahua la entidad que más atrasada está en temas del Sistema Nacional Anticorrupción, pues dicho estado “ni siquiera ha aprobado su Ley Anticorrupción; en cambio, Querétaro es la entidad que más avanzada está y hay otras que vienen trabajando bien”.
Es importante mencionar que en Michoacán, fue en junio pasado cuando se aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que incluye castigos de hasta 10 años de cárcel a funcionarios públicos que hagan mal uso de recursos o tengan registradas irregularidades administrativas.