Por: Javier Lozano
Poco a poco la responsabilidad legislativa y el deseo de empujar una agenda integral ha hecho posible que se vaya caminando en temas de inclusión. De hecho, hace unas semanas abordamos la importancia de acompañar aquellos mecanismos que terminen por erradicar la segregación y la discriminación que siguen padeciendo los miembros de la comunidad LGBTTT.
Recuerdo que, en esos mismos fragmentos, tocamos lo medular que es seguir contribuyendo en una nueva cultura donde la tolerancia y la empatía sean parte de una libertad de expresión, especialmente sí hablamos de igualdad en los derechos humanos. Por fortuna, está misma semana se ha concretado un paso importante después de una insistencia intensa dado el compromiso que se adquirió con los miembros de la comunidad LGBTTT.
Y es que los y las senadoras de todos los partidos avalaron reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, a fin de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como ECOSIG (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).
Importante, sin duda, ya que a decir de varias organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ de aprobarse por ambas cámaras México sería el tercer país en América Latina en publicar legislaciones que prohíben los ECOSIG a nivel nacional, además de proveer un marco jurídico en materia de salud mental.
A propósito, a casi una semana de haber abordado la importancia de la iniciativa que se presentará de reforma al Artículo 1 de la Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos y que ordena a las autoridades “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, que incluirá a las instituciones de salud para que todas las parejas y las familias homoparentales sean reconocidas en sus derechos a la salud, al sistema de pensiones, este tópico llega en un momento clave para contribuir en temas de la reconciliación por México que habíamos hecho énfasis hace unos días.
De hecho, nos cuentan que el coordinador y líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores es uno de los senadores que luchó por alcanzar los acuerdos para que esta reforma se aprobara; en torno a ello, explicó que las modificaciones legales contemplan sanciones de dos a seis años de prisión, y multa de casi 200 mil pesos a quien realice, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento que obstaculice, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, penas que aumentarán al doble cuando se trate de menores de 18 años, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Finalmente, Morena sigue manifestando ese compromiso pues al hablar de cambios importantes es necesario tener ajustes en los mecanismos legislativos, especialmente sí anhelamos seguir construyendo una nueva cultura de inclusión e igualdad, y sí se trata de instrumentos jurídicos para proteger los derechos humanos precisando, eso sí, que México está a punto de convertirse en tercer país de América que elimina terapias de conversión.
Al ahondar en este rubro tan medular vamos poco a poco en la dirección correcta rompiendo paradigmas y superando prejuicios que- todavía en nuestra sociedad- siguen siendo, en este tiempo, un tema que debemos erradicar, especialmente si nuestra constitución política cuenta con ese soporte legal.
Considerando que la dimensión sigue trastocando la vulnerabilidad de los derechos humanos, me llamó mucho la atención el proyecto que contemplan penas que también se aplicarán a las y los profesionistas, técnicos o auxiliares de la salud que realicen este tipo de prácticas, además de la suspensión del ejercicio profesional hasta por tres años o la cancelación de su cédula profesional, en caso de reincidencia.
En este sentido que bueno que se pongan sobre la mesa este tipo de iniciativas porque debemos y merecemos vivir en un país democrático, plural, tolerante.
Notas finales
Después de la vulneración digital a la Sedena y la información que ha comenzado a divulgarse, las lecciones comenzaron. De hecho, nos cuenta que- el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la fracción de Morena en la Cámara alta- es de los primeros en aprenderlas y por eso está decidido buscar los acuerdos para expedir la Ley General de Ciberseguridad antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones, en diciembre.
Esta Ley tendrá la finalidad de establecer y distribuir debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esa materia. Y de paso mejora el marco regulatorio sobre la integración, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y la Agenda Nacional; así como de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
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Sin duda este tema, como reconoce el coordinador de la fracción mayoritaria del senado, es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, pues tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de seguridad nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía.
Para darnos una idea de la urgencia de legislar en la materia, basta mencionar que, en el primer trimestre de 2022, en México se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques, que representan más de la mitad de los que se dieron durante todo 2021, cuando se detectaron 156 mil millones de intentos para sustraer información de manera ilegal.
Pero además datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dan cuenta de que, de septiembre de 2020 a abril del 2022, esta dependencia atendió 34 mil reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales. Así que, por el bien de todos, pongan manos a la obra senadores.
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