Morelia, Michoacán.- “La impunidad en la cual se contabiliza más de 37 mil desaparecidos desde 2007, y más de 120 mil homicidios desde 2012, incluidos los cometidos contra periodistas y activistas de los derechos humanos, es consecuencia de la falta de operatividad de la actual Procuraduría General de la República (PGR)”, expuso la presidenta de la delegación michoacana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lidya Nava Vázquez.
Y es que la mañana de este miércoles la Coparmex Michoacán lanzó una iniciativa para reformar el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que enunció las faltas que se han registrado en México, a consecuencia de la “inoperatividad” de la PGR.
“La corrupción, que deja sin castigo a los responsables de casos como los de Javier y César Duarte, Odebrecht y la Estafa Maestra. La persecución política, que lo mismo amenazó a López Obrador con el desafuero derivado del caso de El Encino, que acorraló años después a Ricardo Anaya en otra elección presidencial. La incompetencia y el abuso de poder, que se tradujo en una investigación ineficaz, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa”, son tres de los ejemplos recientes, dijo.
Nava Vázquez, recordó que desde septiembre de 2017 se planteó en el Congreso de la Unión la necesidad de una transformación de fondo de la PGR, sin embargo, lamentó que no se haya dado cabida y por eso, esta vez impulsarán la misma iniciativa por la vía ciudadana y la dependencia en cuestión se transforme en una Fiscalía General de la República “moderna”.
La Iniciativa Ciudadana #Reforma 102, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que cuente con:
1.- Autonomía respecto del Poder Ejecutivo, lo que supone mecanismos estructurados de designación, con participación de la sociedad, y de separación, con previa autorización legislativa.
2.- Titulares seleccionados a partir de características como un alto perfil profesional, experiencia e independencia.
3.- Mandato limitado a un periodo máximo de 6 años el Fiscal General.
4.- Fiscalías especializadas independientes en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos.
5.- Un Consejo del Ministerio Público que supervise el cumplimiento de los objetivos y as metas de la Fiscalía General.
6.- Activación de servicio de carrera, para asegurar altos niveles de rendimiento.
En ese tenor, se pide que el fiscal sea nombrado por la ciudadanía y no por los partidos políticos y que además sea en primera instancia un “Fiscal de Transición”, ya que señaló, se requiere de la instrumentación de diversos cambios legales, por ello, Coparmex propone que este fiscal de transición entre en funciones en diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021.
En esta primera instancia, el fiscal de transición podría ser electo por el sistema nacional, es decir la terna que envía el presidente de México al Senado de la República. Y una vez que se tengan todos los cambios legales y la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General, serían los mexicanos quienes lo designen.