En marzo, la administración estatal estuvo marcada de contrastes, pues mientras prevalecía la inseguridad y la descomposición social ilustrada por la señora Martha Teresita, quien asesinó a sus tres hijas; el gobernador Silvano Aureoles, reconoció que aunque el estado se ubicó en el octavo sitio a nivel nacional en cuanto a la seguridad, prevalecía la imagen de un lugar inseguro en un 80 por ciento de la población del estado
A principios del mes, el 9 de marzo, el mandatario estatal anunció que la entidad se ubicaba en el octavo sitio, a nivel nacional, en cuanto a incidencia delictiva, pero el 30 de marzo, reconoció que el 80 por ciento de la población mantenía una percepción de que el estado es inseguro, sin embargo, el 14 de marzo, el propio jefe del Ejecutivo de la entidad reconoció que la inseguridad es un problema estructural que persiste en Michoacán.
No obstante, el 2 de marzo, el entonces delegado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido, reconoció que en Tierra Caliente prevalecía el mayor índice de drogadicción y bajo nivel educativo; mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró el 22 de marzo que, en Michoacán, más del 50 por ciento de homicidios dolosos no se relacionaban al narco.
A pesar de ello, el 21 de marzo se presentó uno de los homicidios más impactantes para la población michoacana, pues Martha Teresita, madre de tres niñas menores de edad, las asesinó, a lo cual, el procurador de Justicia explicó el 22 de marzo, que la imputada por el delito declaró que “asesinó a sus hijas para que no sufrieran”.
Pero el 8 de marzo, se registró un ataque a la subsede de la PGR en Apatzingán, misma que el secretario de Gobierno, Adrián López Solís atribuyó a las células delictivas, el cual habría sido motivado por la detención de dos integrantes de un grupo criminal.
Y el 16 de marzo, el procurador de Justicia negó la existencia de un grupo llamado Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS), el cual amenazó por redes sociales, de hacer justicia por su propia cuenta, ante la debilidad de la autoridad estatal para garantizar la seguridad; en tanto que el 1 de marzo, la SSP aseguró que se integraría a los ex autodefensas a la Policía Michoacán, pero para el 24 de marzo, la misma dependencia estatal detalló que solo 120 de los mil 600 autodefensas podrían incorporarse a dicha corporación judicial.
A tales acciones de inseguridad, se sumó el reconocimiento de la secretaria de la Mujer, Fabiola Alanís Sámano, el 4 de marzo, quien llamó a la federación a decretar la alerta de Género en la entidad, tras registrarse 718 casos homicidios de féminas, de los cuales, solo 8 fueron reconocidos por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán como feminicidios.
Otro de los grandes asuntos suscitados durante este mes, fueron las declaraciones del gobernador, Silvano Aureoles, emitida el 1 de marzo, en la que se pronunció en favor del traslado del ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, recluido en el Cefereso de Hermosillo, Sonora, al Cereso “David Franco Rodríguez” del municipio de Charo, Michoacán.
Al día siguiente, el 2 de marzo reiteró la postura el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, y el 18 del mismo mes, el encargado de la política interna de la entidad, no sólo reiteró la apertura para aceptar el traslado de Mireles Valverde al Cereso michoacano, si no que incluso, también ratificó la solicitud de la defensa jurídica del exgobernador interino, Jesús Reyna García, de ser trasladado al mismo penal, acusado de nexos con el cartel de “Los Caballeros Templarios”, a pesar de que el 11 de marzo, Silvano Aureoles reconoció las relaciones de ex mandatarios estatales con la delincuencia organizada.
Incluso, el 25 de marzo, el director del penal, Marco Antonio Salgado García, reiteró que se contaba con el espacio y las condiciones para recibir en el Cereso conocido como “Mil Cumbres” a Reyna García y al doctor Mireles.