Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en el Congreso de Michoacán para exigir la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada de Personas
Morelia, Michoacán.- Guadalupe sostiene el cartelón en el que se observa el rostro de su sobrina Paola, son más de 15 meses de buscarla luego que la sacaran de su casa para desaparecerla a punto de arribar la primavera de 2023.
Las butacas aterciopeladas para el público en el Salón de Sesiones del Congreso michoacano, albergan en esta ocasión los rostros de mujeres y hombres desaparecidos, así como las consignas en cartelones de sus familiares que no cejan en su determinación por encontrarlos.
Frente a cámaras y micrófonos una mujer sostiene un cartelón que reza:
“Aprobación de la Ley ya, estamos en búsqueda encontrando cuerpos y no pueden aprobar una Ley que nos protegería en la lucha”.
Ella no da su nombre por precaución, sus hijas fueron desaparecidas y, al buscarlas, ella misma se convirtió en una sobreviviente luego de que, en febrero pasado, fue víctima de intento de feminicidio tras ser capturada, pero logró escapar no sin antes ser violada.
Las historias y su gravedad fluyen de los labios de las madres buscadoras ante periodistas que se acercan para registrar sus testimonios, para tomar fotos de los suyos, de su ausencia, de la indignación por la impunidad.
En la planta baja del recinto los diputados realizan sus actividades sin prestar mayor atención a la exigencia. El tema que hizo acudir a las madres buscadoras y familiares de víctimas de desaparición forzada fue bajado de la orden del día: el dictamen de las observaciones del Ejecutivo Estatal a la Ley de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema de Búsqueda de Personas que aprobó el Congreso el 11 de octubre de 2023.
La línea política ajena al Legislativo frenó el asunto, la mueca burlona de la coordinadora parlamentaria de Morena, Anabet Franco Carrizales, al oír el grito de “hijos de su puta madre” que les destinó indignada una madre buscadora, ejemplificó la postura legislativa frente a una tragedia que ha cobrado más de cien mil víctimas en el país, de las que 50 mil corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador conforme a los propios datos del Gobierno Federal.
Luego que en octubre se aprobó la referida Ley y el Congreso la turnó al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, éste con base a las atribuciones que le confiere la Ley, la retornó con observaciones a la Cámara para una nueva dictaminación.
El dictamen modificaría aspectos de la Ley aprobada, y pese a ello, se determinó detenerlo y no aprobarlo. Michoacán, las víctimas de desaparición y sus familiares que los buscan siguen sin un marco normativo local que los ampare.
