Morelia, Michoacán.- Bajo el consentimiento de 38 de los 40 diputados que forman parte de la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán, se procedió a la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se contemplan sanciones de hasta 20 años de cárcel sobre funcionarios que incidan en irregularidades administrativas.
Este martes el Congreso local sometió a valoración el esquema que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se expusieron ante el pleno cuatro de las siete leyes que conforman a este modelo.
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Además del Sistema Estatal Anticorrupción, se procedió a la aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas y a reformar el Código Penal de Michoacán, con la finalidad de definir sanciones y tipificar delitos al detectar un acto de corruptela en la administración pública.
A partir de que se defina el esquema que acompañará al Sistema Estatal Anticorrupción, todo funcionario que resulte implicado en actos de corrupción podría ser sancionado hasta con 20 años de cárcel, según explicó el presidente Mesa Plural de Trabajo para el seguimiento al Sistema en el Congreso del Estado y diputado del Revolucionario Institucional (PRI), Mario Armando Mendoza Guzmán.
El legislador del tricolor subrayó que en respuesta al modelo anticorrupción que se apruebe por el Legislativo, se involucrarán en el tema instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán.
A la par, refirió que se conformará un Consejo Ciudadano que velará por analizar y supervisar toda acción que se pretenda ejecutar al detectar un caso de corrupción en cualquier sector gubernamental.
Restarán atribuciones a la ASM
Debido a que el accionar de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha dejado mucho que desear en cuanto a la ejecución de sanciones sobre servidores públicos involucrados en actos de corrupción, el legislador priísta subrayó que al conformar un Consejo Ciudadano que se encargue de revisar toda investigación que se genere por alguna irregularidad administrativa, el órgano garante perderá participación.
Esta propuesta fue defendida por el diputado de Movimiento Ciudadano y ex dirigente de dicho organismo político, Daniel Moncada Sánchez, quien incluso propuso la extinción de la Auditoría Superior de Michoacán.
En torno a cuándo podría quedar planchado el Sistema Estatal Anticorrupción, Mario Armando Mendoza refirió que para finales de junio se estaría aprobando ante el pleno, aunque también puntualizó que su ejecución se conseguiría sobre enero de 2018, considerando que de las siete leyes contempladas en el dictamen, apenas se han aprobado cuatro.
En tanto, las leyes pendientes de aprobar tienen que ver con la derogación de diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal; reformas a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán y reformas al Código de Justicia Administrativa del Estado.
Bajo otro orden de ideas, el diputado priísta expuso que posterior a la aprobación de estas siete leyes, se tendría que avalar un paquete de 14 adicionales, correspondientes a adecuaciones meramente “superficiales” que se deben ejecutar a nivel local.
Finalmente, expuso que al publicar las legislaciones correspondientes a este esquema en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, se marcará un plazo de 90 días para la conformación del Consejo Ciudadano y la designación del Fiscal Anticorrupción que se encargará de ejecutar sanciones sobre los funcionarios que incidan en actos de corruptela.