Loretta Ortiz denuncia una campaña de desprestigio en su contra, vinculada a las elecciones judiciales y desmiente una investigación en EE.UU.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, ha denunciado una campaña de desprestigio en su contra, motivada por su liderazgo en las preferencias para los comicios judiciales del 1 de junio.
“Es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos. Se resisten a la transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias y no les queda otra opción que la guerra sucia: la mentira”, afirmó.
En respuesta a una publicación en medios que menciona una supuesta investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Ortiz Ahlf se desmarcó del caso. “Con la intención de que, en el marco del proceso de elección a cargos del Poder Judicial, las y los mexicanos no sean engañados ni manipulados”, señaló.
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La ministra explicó que las acusaciones están vinculadas a un caso que revisó la Primera Sala de la Suprema Corte, donde ella preside. “El expediente al que se hace alusión corresponde al amparo directo en revisión 3011/2021, el cual aún no ha sido admitido ni resuelto por el Pleno de la Corte”, aclaró.
“Inicialmente, este asunto ya había sido desechado por la SCJN por considerarse improcedente al no acreditarse un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”, añadió.
Ortiz Ahlf concluyó su comunicado mencionando la existencia de una “guerra sucia” en su contra, sin especificar responsables. “La verdad siempre prevalecerá ante estos intentos de ‘guerra sucia’ y, en ese sentido, estoy segura de que a partir del próximo 1 de junio tendremos ministros, jueces y magistrados cercanos a la ciudadanía”, concluyó.
El caso mencionado por Ortiz está relacionado con una disputa dentro de la industria bancaria entre el empresario Rafael Zaga Tawil y el Grupo Financiero Actinver, por mil 500 millones de pesos, donde se alegan violaciones a las leyes bancarias mexicanas.
A inicios de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte recibió un impedimento judicial por parte de la institución bancaria para que los ministros Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo no participaran en el análisis del caso, debido a posibles conflictos de interés.