Llega militar a Tránsito y Movilidad de la SSP; hubo red de corrupción durante gobierno de Silvano; acusan a Jorge Alvarado de encabezarla
Morelia, Michoacán.- Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, fue nombrado ayer como el nuevo director de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en sustitución de Jorge Alvarado Serrato, a quien se acusó en varios medios de comunicación, de mantener una supuesta red de corrupción en el área, con los dueños de empresas de grúas y exfuncionarios municipales y estatales.
Eduardo Arturo Bailleres, quien es Teniente Coronel retirado del Ejército Mexicano, fue nombrado ayer como director de Tránsito y Movilidad, no solo por el cambio de administración en el Ejecutivo de Michoacán, sino por la serie de trascendidos que relacionaron a Jorge Alvarado como cabeza de una presunta red de corrupción en esta área.
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Bailleres Mendoza ha laborado en el Sistema de Administración Tributaria del país; en la Comisión Nacional de Seguridad en los órganos administrativos desconcentrados del Servicio de Protección Federal; en la Policía Federal y en Prevención y Readaptación Social de los Centros Penitenciarios.
Por su parte, Jorge Alvarado, técnico en Turismo, quien inició su labor en el servicio público como analista de relaciones turísticas en la Secretaría de Turismo, en 1989, fue nombrado subdirector de Tránsito y Movilidad en octubre del 2015, es decir, al inicio del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Posteriormente se desempeñó como encargado de despacho de la dirección de esa misma área.
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Su cercanía al entonces gobernador de Michoacán le permitió usar el cargo para tejer una supuesta red de corrupción, de la que el mismo Silvano Aureoles se benefició, de acuerdo con denuncias y testimonios de elementos de Tránsito a quienes se les exigía cubrir una cuota económica diaria para acceder a un vehículo y desempeñar su labor.
La operatividad de la red de corrupción consistió en que los elementos de Tránsito y Movilidad de la SSP que atendían un accidente vial, notificaban a las empresas de grúas de Daniel Díaz Barriga y Zeferino Arroyo Ríos, así como a otra más, de la que se presume son socios el entonces subsecretario de la SSP, Carlos Gómez Arrieta y otros operadores de éste.
Las empresas otorgaban un recurso a los elementos de tránsito por cada notificación de atención a un incidente vial, y posteriormente acudía alguna de las empresas de grúas propiedad de los antes mencionados, quienes realizaban el arrastre y resguardo de los vehículos siniestrados, en sus corralones, para que, una vez que el propietario acudiera a recoger el vehículo, se le cobraran tarifas altísimas y si regulación.
Empresas de grúas involucradas en la red
Dentro de esta supuesta red de corrupción que generaba ingresos millonarios, se identifica a Daniel Díaz Barriga, propietario de “Auxilio Vial De México Del Bajío SA de CV”, “Grúas Juárez”, “Grúas Hernández” y “Grúas Danny”.
También se identifica a Zeferino Arroyo Ríos, propietario de “Grúas Monarca Zacapu” y otra empresa denominada “H2O”. La asociación de éste con Jorge Alvarado, data desde que se implementaron los operativos de aplicación del alcoholímetro y la detención de Uber, durante la pasada administración estatal de Silvano Aureoles.
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Finalmente, una empresa más asociada a esta presunta red de corrupción es “Grúas Muñoz”, de la cual, elementos de la Dirección de Tránsito y Movilidad que pidieron el anonimato para evitar represalias, aseguran que el exsubsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta y otros exfuncionarios, son socios.
Dicha empresa extendió su red de operatividad irregular, hasta el municipio de Morelia, a través de la complicidad de la anterior comisionada de la policía y el de la actual administración del ayuntamiento capitalino.
Silvano fomentó red por cercanía con Jorge Alvarado
La operatividad de esta presunta red de corrupción en la Dirección de Tránsito y Movilidad fue conocida y presuntamente fomentada por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a razón de una cercana relación con Jorge Alvarado, desde que éste laboró en Zitácuaro, primero como regidor, luego como delegado de tránsito de este municipio y de Maravatío, y finalmente como comandante regional de la SSP, en diversos periodos de la década del año 2000.
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Dicha cercanía con el mandatario estatal le posibilitó que su hija, Erika Karina Alvarado Alcántar, fuera también regidora durante la pasada administración municipal de Zitácuaro, en la que también se desempeñó anteriormente (del 2016 al 2018), como delegada regional de turismo de dicho ayuntamiento.
Aunado a esto, Erika Karina Alvarado ha sido involucrada en la muerte del ambientalista Homero Gómez, pues previo al deceso de éste, se reunió con la regidora Zitácuaro, el diputado local Octavio Ocampo y la síndica de Ocampo, Elizabeth Guzmán, de acuerdo con el testimonio de la esposa del fallecido.
Rebeca Valencia de Gómez, esposa del ambientalista, declaró que el celular y la Tablet de su esposo, Homero Gómez, fueron localizados en posesión de un acompañante de un acompañante de la regidora, durante esa reunión previa a la desaparición del protector del medio ambiente. Además de que Erika Karina Alvarado y Octavio Ocampo se ampararon contra las investigaciones de la muerte de éste.