Morelia, Michoacán.-La Ley de Seguridad Interior, enfocada en permitirle al Ejército Mexicano ““velar por la observancia del orden y paz público”, es para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una medida con la que se busca “limitar y criminalizar” la protesta social en México.
Una vez que la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de Seguridad Interior, esperando que lo mismo suceda en el Senado, la disidencia magisterial alzó la voz para resaltar los factores negativos que se desencadenarían si se le permite al ejército adoptar funciones que hoy en día le corresponden únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública.
En Michoacán, el dirigente de la Sección XVIII de la CNTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, enfatizó que de permitirle a las fuerzas castrenses blindar el orden público del país, se promovería la “criminalización de la protesta social”.
“Nos pronunciamos en contra de la Ley de Seguridad Interior, entendemos que es dar el paso a criminalizar la protesta social. Los diputados en la Cámara promovieron una traición al pueblo, porque prácticamente quieren callar la voz de quienes reclamamos por las injusticias sociales que vive el país”, refirió en conferencia de prensa.
Bajo estos argumentos, exigió que el Senado de la República reconsidere la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados, a fin de evitar que los militares salgan de sus cuarteles para resguardar el orden de la nación.
“Los militares en tiempo de paz no deben estar en las calles, ni haciendo un trabajo que no les corresponde”, recalcó el dirigente centista.
Aunado a la posibilidad de que la protesta social se “criminalice”, Zavala Hurtado consideró que ante el descontento social que existe actualmente en México, se corre el riesgo de que el propio ejército blinde un posible “fraude electoral” en las elecciones que darán pie al relevo de Enrique Peña Nieto.
En medio de la negativa aquí expuesta, es importante mencionar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha alarmado sobre las repercusiones sociales que podrían desencadenarse, en caso de que la Ley de Seguridad Interior sea una realidad para México.
Fue el máximo representante de la ONU, Zeid Ra’ ad Al Hussein, quien hace apenas unas horas subrayó que, “la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
En tanto, el Senado de la República debate la viabilidad de que la Ley de Seguridad Interior sea constitucionalmente adoptada por el país, sin importar que diversas organizaciones nacionales e incluso mundiales se han pronunciado en contra de que esto suceda.