Ciudad de México.- La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera debe garantizar certidumbre jurídica de operaciones de activos virtuales a empresas y clientes, incentivar el mercado y desarrollar la economía digital, señalaron funcionarios del sector económico y empresas del ramo virtual, ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.
En reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Francisco Yunes Zorrilla, dijo que se tomarán en cuenta todas las opiniones de los funcionarios públicos para dictaminar la Ley enviada por el titular del Ejecutivo Federal, el pasado mes de octubre, que busca regular el mercado de activos virtuales y así contar un marco efectivo de seguridad y competencia.
Bernardo González, encargado de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que la Ley regiría a los reguladores y supervisores, así como a los actores del mercado.
Se basa en cinco ejes rectores: fomentar la inclusión e innovación financiera, proteger a los usuarios de estos servicios, promover la competencia de empresas, preservar la estabilidad financiera, y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Lorenza Martínez Trigueros, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos de Banco de México (Banxico), señaló que lo innovador de la iniciativa es que desagrega los servicios de las empresas Fintech lo que genera menos riesgos, así podrían operar remesas, pero se debe asegurar que no realicen otras actividades como otorgar créditos.
Alejandra Palacios Prieto, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dijo que la regulación de activos virtuales a mediano y largo plazo representa una oportunidad para que las empresas modifiquen la estructura del sector financiero en beneficio de los consumidores y la economía mexicana.
De ser aprobada, se fomentaría el proceso de competencia y libre concurrencia porque brinda la certidumbre para operar en el mercado, de tener servicios financieros virtuales regulados y estar en la formalidad.
No obstante, se proponen modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal; otorgar cereza jurídica a las empresas, aclarar quienes son los propietarios de la información, regular las contraprestaciones para la transición de esos datos y claridad sobre la operación de modelos de negocios que vayan a existir.