Legalizó TEPJF elección judicial que nació fracasada: Yankel Benítez
La reciente autorización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los poderes públicos promuevan institucionalmente la elección judicial del 1 de junio fue calificada como un intento por “legalizar lo que ya se venía dando”, por Yankel Benítez Silva, secretario del ayuntamiento de Morelia, quien esto opinó en su calidad de ciudadano.
En entrevista con Contramuro, a pregunta expresa, Yankel Benítez cuestionó no sólo el contenido de la sentencia, sino el diseño mismo del proceso electoral judicial, al señalar que desde el origen se han acumulado irregularidades y simulaciones que comprometen su legitimidad.
“Es un tema con tantos vicios de origen, que hoy siguen haciendo ajustes como esto que sólo viene a legalizar lo que ya se venía dando. Es una elección que nació fracasada y lo veremos el día de la votación”, sostuvo.
A su juicio, los nombres de las candidaturas ya estaban definidos desde antes, y el resto del proceso se está realizando como un mero trámite administrativo, sin verdadera competencia ni equidad.
Candidatos ya están palomeados
“Los nombres ya están palomeados y todo lo que se está haciendo es mero trámite”, agregó, al tiempo que advirtió que la decisión del TEPJF abre la puerta para que el partido en el gobierno haga llamados al voto, lo que de facto genera una ventaja indebida, aunque no se mencione a candidaturas específicas.
Benítez Silva cuestionó la utilidad de autorizar una promoción institucional cuando las autoridades que intervinieron en la postulación de candidaturas podrían usar esa facultad para reforzar su propia narrativa, lo que en su opinión pone en entredicho la imparcialidad del proceso.
La postura del secretario se suma a las voces críticas que advierten sobre el riesgo de que la inédita elección judicial —que involucra más de 3 mil 400 candidaturas para cerca de 900 cargos— se lleve a cabo bajo condiciones desiguales y con baja participación ciudadana, derivada de la desconfianza hacia un modelo que, según diversas opiniones, nació sin transparencia y sin competencia real.
La resolución del TEPJF permite que los poderes de la Unión promuevan la participación ciudadana siempre que no hagan alusión a nombres, imágenes o frases que favorezcan candidaturas, y prohíbe su difusión en radio y televisión.
Sin embargo, críticos como Yankel Benítez consideran que estas reglas no bastan para garantizar la equidad en un proceso que, desde su concepción, ya arrastraba fallas estructurales.