La noticia que lo involucra en una investigación sobre “blanqueo de capitales”, que realizan autoridades europeas, “agüitó” la celebración por el triunfo de Ricardo Anaya en el debate entre los candidatos presidenciales.
Pero, sobre todo, puso en entredicho su proclama de que la contienda presidencial en México “ya es de dos” (AMLO y él).
Los problemas legales traen asoleado al candidato del Frente.
El diario digital El Español publicó ayer que autoridades europeas investigan la presunta comisión del delito de “blanqueo de capitales” en la que podría estar involucrado el exniño maravilla.
Junto con Anaya también investigan a los empresarios Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea, dice El Español, que se presenta como un diario digital libre, plural, indomable.
El diario precisa que la iniciativa está relacionada con el desarrollo de una investigación penal por parte de la PGR.
Eso echaría por tierra las reiteradas afirmaciones de Anaya en el sentido de que él no es investigado por lavado de dinero.
El periódico cita fuentes, que no identifica, para precisar que la investigación tiene que ver con una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales.
La estructura se armó con el fin de “obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya”.
Los fondos habrían circulado por Canadá y Gibraltar.
Llegaron a manos del “señor Anaya” mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro, vía la empresa Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos (equivalentes a dos millones 400 mil euros).
El abanderado del Frente se escuda detrás del argumento de que es un caso cerrado del que el PRI quiere que hable hasta el primero de julio, para mantener el silencio frente a vuelcos como éste.
Lo vimos en el debate. El panista-perredista-emecista evadió astutamente el tema del presunto lavado mostrando en pantalla una resolución del Tribunal que condenaba el uso que le dio la PGR al video sobre su comparecencia ante esa representación.
Nada dice esa resolución sobre lavado, triangulación de recursos, paraísos fiscales o compra-venta de una nave industrial en 54 millones de pesos. Pero él mostraba el documento como si se tratara de una exoneración.
- Al que se le viene una tormenta encima es al inseparable vocero de Andrés Manuel López Obrador. Su exesposa, Elena Chávez, posteó un tuit en el que pregunta: ¿Quieren saber qué hay detrás de César Yáñez y lo que oculta a su jefe y que no podrá negar?
Detrás de ese tuit habría una historia de prestanombres que no le va a gustar nadita al abanderado presidencial de Juntos Haremos Historia.
- El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, renunció ayer a su cargo. Lo hace en tiempos que el gobernador Héctor Astudillo califica como “muy complejos”. No dio razones de su salida. Alegó “motivos personales”.
Le mandamos a Astudillo un WhatsApp para saber más sobre los motivos de la renuncia. “Desgaste, chamba muy difícil”, respondió.
Olea será sustituido de manera temporal por el vicefiscal del estado, José Antonio Bonilla Uribe. Lo que sigue es que el gobernador envíe una terna de candidatos para designar al sucesor.
¿Ya tiene nombres?, preguntamos. “No”, repuso.
Guerrero es uno de los estados más violentos de México. tan sólo en 2017 se contabilizaron dos mil 844 homicidios.
¿Le aplicaron la de plata o plomo?, es pregunta.
- Hubo sorpresas en la evaluación de los aspirantes a comisionados del Inai. Nos cuentan que los que salieron mejor evaluados fueron la directora del Canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, y Gustavo Parra, responsable del área de protección de datos del citado Instituto.
La bronca es que los quieren grillar. A ella la señalan como muy cercana al PRI y a él por haber sido militante de Acción Nacional.
Ya es hora de que los senadores premien la capacidad de los candidatos y dejen de utilizar colores para sus vetos.
Sería una injusticia hacerlos a un lado después del alto puntaje que obtuvieron. Los dos ya pasaron por el purgatorio. Merecen ser comisionados.
- Fuentes legislativas enviaron al correo del reportero un escrito con la versión extraoficial de la Cámara de Diputados sobre la llamada “Rebelión de los Asesores”. Protestan por lo que consideran la conclusión anticipada de su contrato.
La versión de las citadas fuentes dice que no quieren reconocer que están contratados por servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, “lo cual no genera derechos laborales”.
A partir de la premisa de que ya no hay razón para que continúen los trabajos legislativos porque están prácticamente concluidos, las fuentes subrayan:
“A pesar de que no tienen derecho a una liquidación, se les dará una gratificación que irá de tres a cinco meses. De tal suerte que quien haya trabajado seis meses cobrará nueve y quien haya trabajado más de dos años recibirá hasta cinco meses”.
La versión termina con señalamientos en contra del líder de los asesores, Carlos Roger Priego. Este hombre, a quien le atribuyen simpatías “neonazis”, agredió verbalmente a la directora de recursos humanos de la Cámara, puntualizan.