“DEDICADO AL PROFESOR JORGE BECERRA CORRALES, POR SU INFINITA AMISTAD Y HOSPITALIDAD”
EMC
En días pasados la persona a la que dedico este artículo me hacía especial énfasis en abordar este tema en un artículo, lo anterior para refrescar un poco la memoria de los mexicanos y volver a dejar en claro una de las injusticias o inequidades que presenta nuestro sistema político.
Me refiero a las pensiones vitalicias, que el gobierno mexicano otorga a los ex presidentes de la república y, además, la serie de apoyos adicionales en personal y materiales que se ponen a su servicio.
La petición para escribir sobre el tema obviamente me llevo a indagar sobre el mismo y he podido percatarme que no hay una regulación constitucional específica sobre el asunto. No existe una norma estrictamente aplicable al caso que permita que se asignen cuantiosos recursos en apoyo de los ex presidentes.
Pude encontrarme con muchos análisis de diferentes épocas que abordan el tema desde diferentes ópticas y apoyados en información proveniente del mismo gobierno, pero absolutamente todos los análisis coinciden en lo fundamental: no hay apoyo legal para otorgar estas pensiones a ex presidentes y en su caso a las viudas.
En un tema polémico, como muchos que están en la discusión en el sistema político, pero específicamente este es, de por si, polémico e injusto, como lo señale anteriormente,
Por ejemplo, conforme a reportajes y artículos de medios de comunicación nacionales los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada tienen a su servicio casi una veintena de personas pagados obviamente con recursos del gobierno, además de que sus pensiones están por arriba de los doscientos mil pesos mensuales.
Pero, ¿cuál es el aporte que hacen a la nación, para que se le siga pagando? Creo que realmente nada. Ni siquiera puede alegarse que se trata de un asunto “de estado” o de seguridad nacional, porque una vez que dejan el cargo pasan a ser ciudadanos como cualquier otro mexicano, que no deben tener más privilegios que los que les aporte su profesión o sus negocios lícitos.
Se supone que somos un país con un sistema de derecho donde el principio de legalidad se aplica estrictamente. ¿Entonces, porque se les paga si no hay un sustento legal?
Evidentemente estamos ante un proceso a todas luces ilegal, en el cual deben asumirse y fincarse responsabilidades a quien autoriza en forma periódica dichos pagos.
Resulta aún más injusto cuando observamos que algunos ex presidentes frecuentemente asisten a centros vacacionales donde los precios son extremadamente caros para el común de los mexicanos, y entonces nos surge el sentimiento de impotencia ante lo ilegal del tema.
Lo sorprendente del asunto no es, en sí misma la pensión, sino que desde hace algunos años ya se encuentran dos iniciativas de ley para abolir estas prestaciones, sin que a la fecha hayan prosperado.
Yo entiendo que los servicios en empleos o cargos de gobierno generan prestaciones, pero solo en el caso que acumulen el tiempo suficiente para jubilaciones o pensiones legalmente otorgadas por los organismos destinados para tal efecto, por lo tanto, es ilógico que prevalezcan las exageradas pensiones y que las iniciativas no avancen.
La omisión también es corrupción, sin lugar a dudas.
Es tiempo de que se anulen los gastos innecesarios y se aplique el presupuesto de conformidad con los postulados constitucionales. Al efecto el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a los mexicanos a contribuir al gasto público, pero no a que toleremos gastos superfluos e innecesarios.
El gasto público debe estar orientado a satisfacer necesidades colectivas, no intereses particulares, así ha quedado establecido en los principios aplicables al mismo.
Además de las pensiones de los ex presidentes, hay muchos niveles y encargos que deben revisarse. Por ejemplo los ex gobernadores y ministros dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también se han servido con la cuchara grande.
La franja de impunidad debe reducirse para hacer de México un país democrático, el asunto de las pensiones debe terminarse y sujetarse a los lineamientos generales para cuando los servicios prestados en virtud al tiempo lo ameriten.
El año 2018 es una buena oportunidad para los grandes cambios que el país requiere, lo que no necesariamente debe voltear otra vez a los políticos,
Los vecinos del norte ya nos han dado una lección al pasar a segundo término a los políticos tradicionales.
Los diputados tienen la palabra, aunque lo más seguro es el silencio que los hace cómplices.
emartineziv@hotmail.com