En el libro más leído de la historia, la Biblia, se narra dentro del Génesis, la historia de la construcción de la torre de Babel, lo que conocemos como Babilonia, en el actual Irak. En ese lugar, se trató de edificar una torre tan alta que llegaría a los cielos mismos sin más anhelo que perpetuar su nombre a lo largo de los tiempos. El resultado fue que su Dios al darse cuenta de sus pretensiones, bajo de los cielos y les confundió su lengua haciéndolos dispersas en todo el mundo, dando así el origen bíblico de los actuales idiomas.
Este relato, resume brevemente el estado actual del arte de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Es literalmente una torre de Babel. Se trata de un sistema que implica la coordinación armoniosa de múltiples actores en múltiples lugares con múltiples instancias y una infinidad de múltiples intereses, lo que irremediablemente lleva y dará como resultado: “la dispersión” y “la fragmentación”
Al respecto, un dato duro, el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que el Sistema Nacional Anticorrupción implica poner de acuerdo, en algún momento y a través de algún mecanismo a más de 442 actores estratégicos. Entre los que destacan: al Auditor Superior de la Federación (ASF) y sus equivalentes en los estados (+33); al Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sus equivalentes en los estados (+33); al Fiscal Especial en Combate a la Corrupción y sus equivalentes en los estados (+33); al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y sus equivalentes en los estados (+33), así como a los magistrados de las respectivas salas superiores que pueden disentir de la visión o posición del magistrado presidente en turno, por ejemplo, en la sala superior del TFJA hay 11 magistrados, número que varía en las entidades federativas; al Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus equivalentes en los estados (+33), así como a los demás comisionados de los respectivos plenos, en el caso del pleno del INAI a nivel federal hay 11 magistrados; así como, los 5 notables que conformen del Comité de Participación Ciudadana a nivel federal (los cuales, si en promedio son 3 personajes de renombre local, en los respectivos comités estatales, la cifra estimada asciende a 160 expertos); y, al representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y sus equivalentes en los estados (+33).
Por otro lado, un dato cualitativo, en su columna del 17 de septiembre, Fernando Miranda*, del Universal, señala que sólo 10 estados han nombrado Fiscal Anticorrupción.
Nombramientos que no necesariamente se apegan a la esencia de la independencia e imparcialidad que tanto se han discutido antes, durante y posteriormente a la reforma anticorrupción. Este es el recuento de los 10 nombramientos de los fiscales anticorrupción locales en México: Sonora, electo de una terna propuesta por el Comité Ciudadano; Tamaulipas, Coahuila y Querétaro, electos derivado de una convocatoria abierta; Oaxaca, Estado de México, Puebla y Tabasco fueron propuestos o designados directamente por el gobernador o el fiscal general respectivos; y, Morelos, ratificado por el Congreso en tanto que ya se contaba con uno nombrado. Con este dato de referencia, tenemos un 69% de estados (22 para ser exactos) que aún no tienen fiscal y algunos, como Tlaxcala y Zacatecas, ni siquiera la forma en cómo lo elegirán. Para darnos una idea del problema real de la dispersión y la fragmentación de esfuerzos.
Tal vez, el contrargumento sea que nuestra riqueza la forma nuestra diversidad. Que es en la diversidad como se ha ido construyendo la identidad nacional. A lo cual, no tengo más que sumarme con una reserva: “depende”. Considero firmemente que la diversidad ayuda en el fortalecimiento del dialogo democrático y en nuestra herencia cultural que trasciende fronteras y épocas, no obstante, se requiere firmeza, claridad de rumbo y orden institucional para resolver los grandes problemas de nuestro país, con la altura de miras que tuvieron en su momento Juárez y Díaz.
El Sistema Nacional Anticorrupción surgió como la respuesta al grito de millones de voces que reclaman, con justa razón, que se persiga a los funcionarios y empresarios corruptos; que se sancione a las empresas amigas que se benefician de los contratos con el gobierno y entiéndase al gobierno federal, de cada uno de los 32 estados, de los 2,446 municipios que conforman la República Mexicana o de las 16 alcaldías de la Ciudad de México; y, que se castigue con todo el rigor de la ley a quien traiciona la confianza de los ciudadanos, a los políticos y gobernantes que se enriquecen de la noche a la mañana, con historias que van de los cuentos de hadas o hasta una tomada de pelo colectiva.
Este nuevo sistema implica tener claridad en la gran responsabilidad de combatir la corrupción de a verdad, evitando caer en la comodidad de la simulación, en donde “todos hacen como hacen, pero en realidad no hacen nada, y si hacen es tan poco significativo que no va a pasar nada”. De ahí que para romper la dispersión se necesite un marco jurídico único, especial, en el combate a la corrupción, tal vez sea necesario hablar de un código nacional único. El combate a la corrupción debe superar la bolsa de protección de los corruptos locales, una bolsa que se ampara en el federalismo y en la autonomía de cada estado para legislar en la materia y dar espacios a la impunidad. No debemos perder el objetivo estratégico de combatir “eficaz y contundentemente” a la corrupción, sin simulaciones o improvisaciones nefastas, porque esto es trascendental y de vital necesidad para la supervivencia de nuestras instituciones, de nuestra economía y el bienestar de nuestra nación mexicana**.
El combate a la corrupción requiere una legislación especial de carácter nacional y único, sin lugar a interpretaciones o a la dispersión local. Debe partir de nuestra Carta Magna, pero dejar toda la fuerza, recursos y operación a instancias independientes y con alta capacidad técnica, profesional y ética como son la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo lo demás sólo es una torre de Babel que terminará igual que el relato bíblico, en el fracaso absoluto.
Ernesto Navarro.
ernesto_unam@yahoo.com.mx