El pasado 15 de octubre, se festeja un año más en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. La fecha no puede pasar desapercibida para la reflexión y el importante rol que desempeñan las mujeres campesinas, incluida la mujer indígena, para la erradicación de la pobreza rural y garantizar la seguridad alimentaria.
La mujer por siempre ha jugado un papel esencial en todos los ámbitos, en el comercio, en la familia, en la pareja, en la política últimamente, en el campo etc. Sin embargo, es importantísimo recordar el trabajo que tiene la mujer en el área rural, como sector estratégico de México y Michoacán y a menudo escasamente valorado en comparación con el del hombre, a pesar de que ocupan un espacio trascendental en el trabajo rural, son difícilmente reconocidas como productoras o responsables de la gestión de los recursos naturales a través de sus tareas productivas.
Las estadísticas demuestran que casi el 70% de las mujeres económicamente activas trabajan en el sector agrícola en las regiones emergentes y que las campesinas constituyen hoy la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven en la pobreza absoluta. Asimismo, la sobrecarga de trabajo de las mujeres se refleja en un fuerte incremento del trabajo infantil con el consiguiente aumento de la deserción escolar; en la ausencia de acceso a la tecnología, así como de organismos públicos de seguridad social y de apoyo durante la vejez.
En Michoacán el trabajo femenino representa el 17 por ciento del valor de la producción agrícola, en un estado con los principales productos agrícolas a nivel nacional, aguacate, berries y hortalizas. Del mismo modo, aunque son jefas de una quinta parte de los hogares rurales y, en algunas regiones, de más de un tercio de los mismos, ellas sólo son propietarias de alrededor del 1% de las tierras. Las mujeres desempeñan un rol primordial en la economía de los hogares rurales y constituyen las principales garantes de subsistencia.
En México, la participación de las mujeres en el ámbito rural, no es cosa fácil, existen enormes desafíos culturales, en dónde la mujer no es bien vista, sobre todo en la toma de decisiones y en una cultura que históricamente ha sido conducida por hombres. Las responsabilidades y obligaciones que desempeñan las mujeres, se han visto acrecentadas, en la actualidad en muchos hogares rurales, el varón emigra en busca de mejores condiciones, delegando a la mujer del cuidado de la familia, educación de los hijos, cuidado de la parcela y la búsqueda de oficios desde el hogar, que puedan ser mejor remunerados, tales como la fabricación de conservas, elaboración de artesanías, pisca de frutos, despates, entre otros.
Así mismo, la feminización del campo, no ha sido bien acogida por una sociedad rural donde todavía permea una cultura patriarcal y machista, en donde la mujer desatienda sus labores familiares por querer incursionar en proyectos familiares. Se tiene que lidiar con el esposo, que no acepta que su mujer dedique mucho tiempo a otras cosas que no sean del hogar y muchas veces desatender la atención a los hijos.
El bajo nivel de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones conduce inevitablemente a la distorsión de las prioridades y las políticas de las organizaciones de desarrollo, por eso, parte de las cuestiones que deben atenderse en el tema, es buscar que el gobierno en conjunto con las instituciones privadas, inviertan en infraestructura, servicios y protección social para todas aquellas mujeres en el medio rural, guarderías, escuelas, hospitales, albergues, todas aquellas políticas destinadas a mejorar sus medios de vida y bienestar.
Es así, que garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una de las grandes prioridades del Gobierno, es simplemente, una necesidad práctica para la viabilidad y la pervivencia del desarrollo rural. El óptimo aprovechamiento de los recursos humanos con vistas al mantenimiento del tejido social de las comunidades rurales y la revitalización de las economías locales requiere la plena participación de las mujeres.
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Por consiguiente, la igualdad de oportunidades debe integrarse sistemáticamente en las fases de concepción y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo rural con el fin de asegurar que las mujeres y los hombres puedan participar en ellos y recibir sus beneficios en pie de igualdad.