Por José María Estrada Martínez
“El deber de un juez es proteger al individuo
de los abusos de la acción del Estado”
Aharon Barak
El 8 de junio de 2019, el diputado local Víctor Manuel Moran Hernández, integrante de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, presentó ante el pleno del Congreso Local del Estado de Baja California una iniciativa de ley de corte constitucional que propuso la ampliación del mandado del entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de un periodo de 2 a 5 años. Propuesta legislativa aprobada mediante albazo, en sesión a puerta cerrada, sin mayor debate y con la aprobación de una mayoría calificada de 20 votos de los legisladores morenistas en connivencia con representantes populares del Partido de Acción Nacional.
La decisión del Congreso de Baja California, además de asemejarse a alguna escena de las películas de Luis Estrada donde se retrata satíricamente lo que ha sido y sigue siendo el sistema político mexicano, despertó un fuerte debate sobre los límites constitucionales de los órganos de representación en ejercicio de sus funciones legislativas, esto, en razón de que dicha propuesta venía a contravenir la reforma constitucional federal de 2014 en materia de concurrencia electoral.
Por lo referido, el pasado 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las 6 acciones de inconstitucionalidad en lo tocante a la popularmente conocida Ley Bonilla, las cuales, fueron promovidas respectivamente por los partidos de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del Partido de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El sentido del fallo, estribó respecto a los aspectos de inconstitucionalidad que revistió la reforma del Congreso del Estado de Baja California además de vulnerar criterios relativos al derecho al voto, el principio constitucional de no reelección, como el propio de veda electoral, entre otros puntos de análisis. En otras palabras, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Corte, puntualizó que la Ley Bonilla venía a representar un “gran fraude a la Constitución”.
No obstante, más allá de los costos políticos que conllevará lo decidido por la Corte, las posturas de los diversos actores y las fuerzas políticas al respecto, así como el oportunismo mezquino de sacar “raja política” de la coyuntura, lo que cabe destacar, es realmente el papel que vino a desempeñar nuestro máximo tribunal en el marco de nuestra democracia.
A este respecto, el jurista y ex Presidente de la Suprema Corte israelí, Aharon Barak, ha señalado la importancia que debe de tener un juez en una democracia y en la edificación de la misma, pero particularmente, en momentos de tensión como lo vino a ser el caso de la Ley Bonilla.
Barak señala que en principio, la función del juez es precisamente el proteger al ciudadano de los abusos del Estado, así como venir a contribuir al significado de la ciudadanía, independientemente de los ataques que sufra este por parte de los políticos y los sectores públicos y privados que no estén a favor de lo que decida este en su determinación.
Para ello, el juez jamás debe abandonar su papel como salvaguarda de los derechos fundamentales en una sociedad libre y democrática, y que además su rol, es dar un sentido más profundo a los valores de toda sociedad. Es por lo que toca a la decisión contra la Ley Bonilla, que el hecho de dictaminarla como propiamente inconstitucional viene a enriquecer a nuestra democracia, esto, en virtud de que “la democracia no son simples reglas mayoritarias, sino también la protección de los derechos y libertades de todo individuo”, esto último, en palabras del ex Presidente de la Suprema Corte israelí.
Es así, que la SCJN fue sensible ante lo resuelto, y que ello, genera sin duda una alta confianza pública, ya que de lo contrario y como lo puntualizó el novelista francés Honoré de Balzac, es que: “la falta de confianza en la judicatura es el principio del fin de la sociedad”. Finalmente cabe señalar, que lo acontecido con el caso de la Ley Bonilla es una lección nodal en lo que respecta al ejercicio de contrapesos de los poderes, y quien ganó realmente con el fallo en cuestión, fueron simplemente: la democracia, el Estado de derecho y nosotros como ciudadanos.
Te podría interesar. Breves reflexiones sobre la Ley de Amnistía