Uno de los grandes desafíos que tiene cualquier sistema democrático es la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Esto se asevera, porque la existencia de mafias dedicadas a la venta de protección ilegal se interpreta como un factor que limita la competencia política, ya sea porque aprovechan su fuerza para intimidar a los electores, a los competidores y con ello buscan evitar o limitar el triunfo de coaliciones contrarias a sus intereses, o porque los políticos simplemente recurren a los servicios de los mafiosos como operadores políticos.
Aunado a lo anterior, el periodo de elecciones abre la oportunidad para que el crimen organizado ingrese en las estructuras partidistas mediante el financiamiento ilícito de campañas.
En el caso de México, existen diversos estudios como, “Las balas y los votos: ¿qué efecto tiene la violencia sobre las elecciones?” realizado por Carlos Bravo y Gerardo Maldonado, el cual nos indica que: “el efecto de la violencia en la participación está condicionado por los grados de desarrollo humano: en los municipios con alto grado de desarrollo el efecto de la violencia en la tasa de participación fue positivo; en los municipios de desarrollo medio el efecto fue neutro; y en los municipios de desarrollo bajo el efecto fue negativo”.
Bajo esta tesitura se desprende que la violencia del crimen organizado (al menos en condiciones como las que se observan en los municipios mexicanos con menor grado de marginación) puede atenuar, junto con una mayor participación electoral, una mayor competitividad de las elecciones (en la medida en la que los ciudadanos exigen que sus autoridades den respuesta a las crisis de violencia e inseguridad).
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En este sentido, se puede afirmar que el crimen organizado y su capacidad para ejercer violencia van en detrimento de la calidad de la democracia, en particular de la rendición de cuentas que se puede llevar a cabo por medio de las elecciones. Sin embargo, en México también se observa un fenómeno de signo contrario; la violencia vinculada con el crimen organizado propicia una mayor participación electoral en los municipios con menores índices de marginación.
En síntesis, la influencia del crimen organizado puede convertirse en un fuerte inhibidor de la participación democrática de la ciudadanía no sólo el día de la jornada electoral, sino en todas sus dimensiones, por lo cual es indispensable implementar marcos jurídicos y políticas públicas que fomenten la participación ciudadana sin que haya una represalia por los resultados que arrojen los comicios.