Escrito por Javier Lozano
Fueron estás mismas acciones las que exhibieron la gravedad de un sistema de justicia que castigó a mansalva a la sociedad civil impuesta por un gobierno autoritario.
Ese temor regresó.
Por supuesto que hablo de lo que pasó en el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen quien apenas ayer, fue vinculado a proceso por un juez local de Veracruz.
Se sabe que no existen elementos suficientemente más que unas supuestas oídas que hipotéticamente fueron recolectadas.
No hay más; eso es todo lo que existe en un desarrollo lleno de anomalías que fueron suficientes para tener efecto dada la coyuntura política que hemos catalogado como punitiva por parte del gobierno del estado de Veracruz.
Bajo este panorama, surgen inquietudes y sospechas que son más frecuentes en la intervención. Incluso, frente al abanico numeroso de atropellos se suma uno más sobre el manejo y, más aún, en la procuración de justicia que se supone debe ser equitativa.
Sin embargo, a lo largo de estos tres años del gobierno de Cuitláhuac García, las acciones de esta índole van en ascenso al distinguir varios testimonios y evidencias de presos que, según la autoridad local, incurrieron en delitos. No obstante, se ha señalado una actitud feroz de juzgar o calificar los hechos.
Pasó con seis jóvenes que, hace poco, fueron acusados de ultraje a la autoridad. En aquella ocasión se documentó, incluso en videos, que los adolescentes ni siquiera pusieron resistencia.
Supongo que eso no pone en riesgo la integridad física de los agentes; empero, a todas luces se puede ver qué no sólo se endureció y cargó la mano, sino que se sembraron dichos y hechos.
A raíz de eso, los adolescentes tuvieron que pasar varias semanas en prisión preventiva; imaginen el daño psicológico.
Al mismo tiempo que se denunció públicamente este hecho, una parte de la autoridad local seguía insistiendo en algo que es, en términos constitucionales, improcedente como el delito catalogado de ultraje.
Sin esa esa legalidad se actuó. Desde que pasó eso la herida o, más bien, la ignominia se agravó. Ahora, cuando tuvo lugar la supuesta hipótesis que sostiene la autoridad local en el caso de José Manuel del Río Virgen, la credibilidad complaciente se agudizó.
Se entendió perfectamente que, está situación, es un hecho político que ahora le tocó vivir a un personaje que, incluso, tiene una carrera intachable. Todos tienen comentarios positivos; lo respalda su trabajo, de la misma forma que la responsabilidad legislativa.
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Honestamente tengo mis dudas sobre la decisión que tomó un juez local. Seguramente habrá más mecanismos e instrumentos legales que puedan jugar a favor de la situación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.
Tiene a su favor que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya atrajo el caso. Asimismo, hay mecanismos legislativos que, desde hace unas semanas, trabajan no sólo en la jurídico, sino en el seguimiento puntual.
Y apenas hace unos días, los senadores que están insistiendo en el tema, compartieron ante los medios que acudirán a instancias federales porque la razón asiste sobre cualquier interés político o violación a los derechos humanos y, por supuesto, a la presunción de inocencia.
A pesar de que el presidente López Obrador se dijo confiado en la actuación del gobernador Cuitláhuac García, es evidente que existe una profunda crisis de seguridad y justicia. En todas partes se habla de eso; el vilipendio sigue imperando quizá por razones políticas o simplemente revanchismo cuando se desnudó el numeroso expediente de atropellos en aquella entidad.
La gravedad del asunto escaló. Hablar de Veracruz es, hoy en día, palpar el reflejo sistemático de una crisis jurisdiccional que alimenta la injusticia. Al mismo tiempo, se recrudece la política autoritaria que ofrece más incógnitas que respuestas.
Sin duda el gobernador Cuitláhuac García tiene en sus manos recomponer, al menos en el papel, una determinación que nos transforma en rehenes del pasado anacrónico y reaccionario de la impunidad.
Tendrá que corregir esa actitud, de lo contrario, enfrentará una crisis generalizada no sólo de credibilidad, sino de confianza. Más allá de que reciba muestras de apoyo de ciertos actores radicales de Morena, la sociedad en general ha calificado el hecho de intimidatorio y represivo que actúa bajo el impulso feroz del autoritarismo.