Veremos al exsecretario en el próximo periodo de sesiones en San Lázaro, de vuelta en su escaño
Miguel Barbosa compró la grilla. Se creyó el viejo chisme –data abril del 2019– de que Fernando Manzanilla Prieto lo zopiloteaba, incluso antes de que se celebrara la elección extraordinaria que llevó al morenista a Palacio de Gobierno, en junio del año pasado.
Nos referimos al audio que en esa época se filtró a los medios, en el que se escucha una conversación entre el senador de Morena, Alejando Armenta, y la exdiputada federal del PAN, Violenta Lagunes.
Ella advertía que si Barbosa ganaba la elección, no iba a aguantar como gobernador por la severa diabetes que padece. “Se va a morir”, pronosticaba. Él aseguraba que Manzanilla gobernaría el estado, ya que Barbosa no podría desempeñar el cargo por problemas de salud. “Ya no ve, está incapacitado”, dijo entonces.
La gente de Barbosa se encargó de alimentar la versión. No querían en el equipo al cuñado de Rafael Moreno Valle. No encajaba en el perfil de un ”gobierno de izquierda”. Al gobernador le entraron dudas. “Me empezó a acotar, a meter gente, no me dejaba mover”, nos dijo ayer el propio Manzanilla. Ésa es la verdadera razón por la que renunció al cargo.
Ya lo había hecho alguna vez. El ambiente estaba pesado. Barbosa no lo dejó ir. Le pidió que permaneciera.
Pero la hostilidad no cesó. El ahora exsecretario de Gobierno tomó la decisión, hace ya varias semanas. Esperó el momento propicio para anunciarla.
Manzanilla trae agenda. Lo veremos en el próximo periodo de sesiones en San Lázaro, que inicia el primero de febrero, de vuelta en su escaño. El hombre nos asegura que la reelección como diputado federal, en el 2021, no le interesa. “Yo sí quiero ser gobernador de Puebla, y voy a trabajar para eso”, puntualizó.
Por cierto que ya hay nuevo secretario de Gobierno. Se llama David Méndez Márquez. Lo describen como un perfil que ha estado en la lucha obradorista desde 2007, dialoga y es conciliador.
Veremos.
*Hace exactamente ocho días hubo una reunión de Raquel Buenrostro, nueva titular del SAT, con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Salió el tema del desabasto de drogas efectivas en niños con cáncer que valientemente denunció, en este espacio, el doctor Carlos Leal, especialista del Instituto Nacional de Pediatría.
Los coordinadores, sobre todo los de oposición, se quedaron sorprendidos con la respuesta que les dio.
“Culpó a los hospitales. Asegura que no hicieron las requisiciones”, asegura Verónica Juárez, la mera mera del grupo parlamentario del PRD.
No sorprende. La autocrítica no es un valor prioritario en la 4T. Ellos nunca se equivocan. Del Presidente para abajo. Mucho menos admiten errores. Todo es culpa de los conservadores y de los 26 años de neoliberalismo.
*Un empresario en problemas es el queretano Oscar Fredy González Rivera, quien presume vínculos con el gobierno de la entidad.
Su empresa, Tax Company, fue amonestada por la Entidad Superior de Fiscalización (estatal). El tema es que obtuvo un contrato de 39.9 millones de pesos para el Levantamiento Urbano y Rural del Municipio. Voces locales nos aseguran que el empresario “cobró, pero no cumplió”, como dice el presidente López Obrador.
El contrato se lo habría asignado el exalcalde de Querétaro, hoy diputado federal, Marcos Aguilar Vega, quien, nos aseguran, ahora lo introduce en negocios hoteleros en Guanajuato “donde con lujo de influencias pretende despojar de sus bienes y espacio a jóvenes restauranteros de San Miguel de Allende”.
*No quiero cerrar la columna sin manifestar que me parece desproporcionada la acusación de “homicidio” que se le hizo al abuelo del niño que, en una escuela de Torreón, mató a su maestra, hirió a sus compañeros y luego se suicidó.
Las autoridades locales y federales lo tratan como si él –y no su nieto– hubiese jalado del gatillo.
El hombre, de 58 años, no sólo está detenido y arriesga una condena de hasta 35 años, según la fiscalía estatal, sino que la UIF ya le congeló sus cuentas y lo hace aparecer como sospechoso públicamente, por el hecho de que los montos no corresponden con sus ingresos.
¿Y la presunción de inocencia?