El próximo domingo 1 de agosto tendremos en el país la primera —histórica— consulta popular oficial sobre una cuestión de interés público. Es una forma de democracia participativa que no debemos despreciar ni desatender. Toda democracia que se respete cuenta con este tipo de procedimientos, pues permiten que el ejercicio democrático vaya, más allá de las votaciones periódicas, a la posibilidad de que la ciudadanía se manifieste en el momento oportuno sobre asuntos relevantes o incluso urgentes de la vida comunitaria. Es decir, que la ciudadanía participe, que participemos todos, en la dirección y definición del gobierno. Que nos hagamos todos responsables del país que queremos.
Solo una mentalidad más autoritaria que la de Pinochet puede oponerse a este tipo de procedimientos. Gracias a un plebiscito el pueblo chileno pudo terminar pacíficamente con la dictadura militar en 1990, y gracias a otro realizado en 2020 a resultas de un gran movimiento de protesta social se pudo convocar a la elaboración de una nueva Constitución para Chile. El país austral ha recuperado en las últimas décadas el gran prestigio de avanzada sociedad democrática que tenía en la época anterior al fatídico golpe de Estado de 1973 contra el gobierno constitucional del socialista Salvador Allende.
Junto con otros procedimientos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, la consulta popular es parte de lo que en ciencia política se llama “democracia directa”, es decir, aquella en la que el pueblo participa de manera directa y continua en el ejercicio del poder. No se opone, sino que complementa a la “democracia indirecta” o “representativa”, esto es, la elección de representantes o gobernantes a través del voto. A diferencia de los otros procedimientos de democracia directa, que tienen consecuencias jurídicas inmediatas, la “consulta popular” consiste ante todo en la emisión de una opinión política o acerca de asuntos políticos, que puede o no tener consecuencias jurídicas, pero que sirve para orientar los actos generales del Estado.
Por otra parte, los procedimientos de democracia directa se pueden utilizar cuando, simplemente, no es clara, ni legal ni políticamente, cuál es la mejor decisión que debe tomarse sobre asuntos extremadamente controvertidos.
Yendo al punto. Se ha dicho que el tema de la consulta del 1 de agosto es vago e impreciso; por razones jurídicas no podría ser de otra manera: no se pueden poner nombres porque eso afectaría los derechos de los posibles afectados, en este caso, como todos sabemos, los expresidentes de México del periodo 1988-2018. Como la población mexicana solo supone o prejuzga, sin presentar denuncias y pruebas pero con mucha certeza, que estos personajes —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— son responsables de actos que afectaron de manera directa o indirecta a la sociedad, la consulta, en el caso de que la participación sea mayoritaria y la respuesta positiva, autoriza políticamente a la autoridad correspondiente “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” y, se entiende, para fincar sobre esos actores las responsabilidades legales que correspondan, si es el caso.
Más allá de las dudas que genera y las complejidades que posee, considero sin embargo importante participar en la consulta del 1-8 por dos razones:
1) Para refrendar nuestro acuerdo con los procedimientos de democracia directa a fin de avanzar en la construcción de un sistema democrático más proactivo y crítico, que permita acortar la distancia entre la ciudadanía (el pueblo) y el gobierno (el Estado), es decir, que evite la prevalencia de gobiernos enajenados de la sociedad que terminan actuando de manera facciosa, ilegítima y/o autoritaria. En adelante, debemos acostumbrarnos a los procesos de democracia directa y afinar nuestra conciencia y compromiso democrático.
2) Cualquiera que sean las consecuencias de la consulta, por lo menos se puede asumir como un acto simbólico de condena moral de las formas irresponsables, corruptas y autoritarias del ejercicio del poder que la sociedad mexicana ha padecido casi desde siempre, y particularmente en el periodo aludido. Es como gritar, al menos, “no somos cómplices ni ignorantes de lo que pasó, ni estamos dispuestos a permitir que eso se repita”. Ciertamente cada uno es libre de expresar su opinión en el sentido de un “sí” o un “no”. Pero el ejercicio no deja de ser válido e importante. En cualquier caso, nos dará pauta para conocer qué tipo de sociedad somos y cuál es el nivel de nuestra conciencia moral y política.
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En general, los procesos de democracia directa permitirán quitar pretextos a las actitudes pasivas y apáticas de muchos mexicanos que normalmente se conforman con quejarse del mal gobierno o de los representantes elegidos, pero son incapaces de ir más allá de un “nada se puede hacer”. Algo o mucho se puede hacer desde ahora. Inicia una nueva historia de la democracia mexicana. Así que, a moverse el próximo 1-8.