Prospera era un programa que apoyaba a seis y medio millones de familias pobres. Algo así como 25 millones de mexicanos. La 4T decidió reemplazarlo por otros programas que dividió “en pedacitos”, asegura la diputada del PRI, Dulce María Sauri.
Aunque el gobierno de AMLO aún no le ha dado “cristiana sepultura” a este programa faro de EPN.
Los más pobres empiezan a inquietarse porque los recursos no llegan, pero se mantienen a la expectativa con la esperanza de que pronto se reactivarán las transferencias financieras.
“No se les ha explicado adecuadamente que hay un cambio, que no es solamente de reglas, sino de montos”, asegura Dulce María, secretaria de la Primera Comisión de la Permanente.
A los que sí reciben esos apoyos sólo les dan 800 pesos mensuales, dice. “Prospera hacía transferencias monetarias por muchísimo más”, agrega.
Rosario Robles, extitular de Sedesol, nos confirmó, por separado, que muchas “jefas de familia” no han recibido estos apoyos. Lo corroboró la semana pasada, cuando visitó comunidades rezagadas en varias partes del país.
La exfuncionaria asegura que el gobierno federal no puede dar de baja de este programa a nadie sin antes otorgar derecho de audiencia.
Es un derecho que estableció la CNDH, dice.
La senadora Nuvia Mayorga coincide con Sauri en que la opacidad, el desorden y los retrasos que hay en la entrega de recursos es una “bomba de tiempo”.
La confusión sobre el programa es tal, que hay dos puntos de acuerdo presentados por el PRI —uno de senadores y otro de diputados— en los que se solicita la información clara sobre lo que sucede con el programa.
Dice Dulce María:
“Cuando aprobamos el Presupuesto 2019 hubo una asignación de recursos para Prospera, tanto en su componente de educación como de salud.
“Al desarmarse el programa no sólo se dispone de montos económicos considerables, que podrán ser canalizados a esas mismas familias o a otras, sino que desarman los mecanismos de supervisión para la asistencia regular a las clínicas del sector salud.
-¿Por qué no se han movilizado los afectados? —preguntamos.
-Hay una expectativa. Se sabe que los cambios de gobierno traen consigo retrasos en los programas. La experiencia acumulada indica que todavía están dentro del plazo. Pero muy pronto van a dejar de estarlo.
Sauri, por cierto, iba a hablar en la sesión especial de la Permanente convocada para recibir a Christine Lagarde, directora del FMI. Al final, se quedó con su discurso escrito, a pesar del acuerdo de que hablaría un representante por cada grupo parlamentario.
La mujer traía una pregunta que no habría gustado a Morena: ¿cómo entender a la izquierda destruyendo los derechos sociales?
En el extranjero no pasó desapercibida la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya ni la detención del empresario Alonso Ancira por su presunta participación en la venta de una fábrica chatarra de fertilizantes a Pemex. “No fue sorpresa”, dice un reporte del Grupo Eurasia, con sede en Nueva York.
Una de las principales promesas de la campaña de López Obrador fue erradicar la corrupción y llevar a cabo las investigaciones del caso Odebrecht.
“El alto perfil de Lozoya lo convierte en el objetivo perfecto para enviar la señal de que López Obrador cumple su promesa de actuar contra la corrupción”, dice Eurasia.
Aclara: “Es poco probable que el objetivo de López Obrador sea iniciar una investigación generalizada de corrupción contra la clase política y empresarial… Es probable que no quiera crear una crisis política o económica al lanzar investigaciones importantes”.
Estos eventos no son nuevos en la política mexicana. Ha sido común que al principio, en casi todos los gobiernos, se hagan arrestos de alto perfil para enviar un mensaje a los votantes, pero también a grupos de interés.
Y, sin embargo, reconocen que AMLO parece ser ”más serio” en el combate a la corrupción que otras administraciones.