Organizaciones sociales exigen justicia en el caso del normalista Carlos Eduardo Castro Matías, desaparecido el domingo 13 de abril, y localizado sin vida ayer viernes
Morelia, Michoacán.- En el caso del asesinato del normalista Carlos Eduardo Castro Matías, organizaciones sociales han emitido posicionamientos exigiendo justicia a las autoridades, a fin de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.
Los padres del estudiante de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, a través de un comunicado emitido ayer viernes por la comunidad de San Francisco Pichátaro, pidieron a los medios de comunicación responsabilidad en el manejo de sus informaciones y que se abstengan de difundir aquellas sobre las cuales no tengan certeza.
“Al mismo tiempo, aprovechamos para externar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que desde diferentes espacios y formas, nos apoyaron en esta búsqueda tan dolorosa que lamentablemente no tuvo un buen desenlace, no obstante, informamos que las investigaciones continúan y por tanto, la búsqueda no ha terminado, pero ahora la búsqueda es por la verdad”.
El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces” emitió un posicionamiento en torno al asesinato de Carlos Castro Matías, quien era familiar de Francisco Felipe Matías, integrante de la organización.
“Alzamos la voz frente a la criminalización sistemática que por años ha recaído sobre las y los estudiantes normalistas rurales en México. Lejos de ser un problema reciente, esta estigmatización forma parte de una estrategia histórica para silenciar sus demandas, minimizar sus luchas y justificar la violencia que han sufrido”.
Denuncian las narrativas oficiales y mediáticas “que acusan a los normalistas sin pruebas de actos violentos o nexos criminales, reforzando prejuicios de clase y origen”, así como “del uso del discurso de ‘la provocación’ para justificar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias”.
Asimismo exigen el cese inmediato de discursos criminalizantes hacia las normales rurales y sus estudiantes, que los medios de comunicación asuman su responsabilidad ética y dejen de reproducir discursos estigmatizantes, y que el Estado garantice el derecho a la educación, a la protesta y a la organización estudiantil sin represalias.
Por su parte la Colectiva Mujeres Purépechas, en un comunicado emitido este sábado señalan que la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Carlos Eduardo “no solo ponen de luto a su familia y a sus compañeros, sino que representa una herida abierta para todos los pueblos que luchamos por un futuro con justicia y dignidad.
“Este crimen no puede ser entendido como un hecho aislado, forma parte de una cadena de violencias que se ejercen sistemáticamente contra quienes resisten, se organizan y sueñan con una vida distinta. Las comunidades originarias, lxs estudiantes normalistas, las comunidades que defendemos la educación pública y los derechos colectivos somxs constantemente criminalizadxs y silenciadxs”.
Exigen a las autoridades locales, estatales y federales que se realice una investigación pronta, seria y sin encubrimientos, que dé con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Eduardo.
“Que se respete la integridad de las y los estudiantes normalistas, cesando la persecución, estigmatización y hostigamiento contra sus formas de organización y protesta. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestra decisión de no guardar silencio, la memoria no muere. La dignidad no se negocia”.
En tanto, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria señalaría en un posicionamiento que “la desaparición forzada y posterior asesinato extrajudicial de Carlos Eduardo se presenta en un momento donde los funcionarios estatales y nacionales han expresado una gran indolencia ante la crisis de derechos humanos que se presenta en el país y que, principalmente, sufren y padecen los sectores populares”.
Exige esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables, al tiempo que responsabiliza a las autoridades estatales y nacionales por su omisión e incompetencia para solucionar la grave crisis de derechos humanos que aqueja al país, y recuerdan que “en un país democrático no puede haber desapariciones forzadas, en un país democrático no puede haber asesinatos extrajudiciales”.
A su vez, la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán, se posicionó señalando que a los normalistas de Tiripetío “desde hace tiempo que se les está matando: con la inepta e insensata política gubernamental represiva mediante la narrativa criminalizante de muchos de los medios locales de comunicación”.
Subraya además que el gobierno del estado está obligado a presentar en el plazo más corto posible a los responsables de la desaparición y asesinato del normalista, señalándolo de ser responsable por acción u omisión, por lo que “está obligado a dar una explicación coherente y verdadera de las circunstancias en que ha ocurrido este repudiable crimen, toda vez que sucede a unos cuantos días de que el propio gobierno ejerciera una brutal represión contra normalistas y moradores de casas de estudiante”.