Morelia, Michoacán.- Los juicios que diversos ejidatarios interpusieron en contra del Gobierno del Estado por temas relacionados con la Isla de la Palma, no afectan el desarrollo de la Zona Económica Especial, derivado de que la parte que se cedió al Gobierno Federal para que se decretara la ZEE, no tiene ningún tipo de conflicto agrario o de cualquier otra índole, aseguró el consejero jurídico del gobierno michoacano, Sergio Mecino Morales.
En ese tenor, explico que la situación actual de la parte en conflicto de la Isla de la Palma es la misma de demandas en tribunales agrarios por diversos temas que ejidatarios interpusieron. Aunque refirió que “Son varios juicios y se están tramitando, los mismos siguen su curso de manera natural y lo único que se espera es que haya solución al respecto. Son temas que tienen que ver con prestaciones que los ejidatarios demandan”.
De igual manera el Mecino Morales señaló que el Gobierno del Estado ha atendido de forma prudente estos juicios, por lo que podría ganarlos en un determinado tiempo, que podría incluso extenderse hasta tres o más año para que tengan una resolución definitiva. Y ante ello, aseguró que representantes de la administración pública estatal ya se han reunido con los ejidatarios para conciliar algunos puntos y llegar a un acuerdo anticipado.
“Veo muy difícil que pudieran ganar los ejidatarios los juicios; los juicios los veo muy bien y han estado muy bien atendidos por parte del Ejecutivo, pero al final de cuentas por eso se está en los tribunales, porque alguna de las partes señala que tiene la razón pero el gobierno del estado mantiene su postura”, detalló el funcionario estatal.
Sergio Mecino reiteró que las demandas son a raíz de algunas prestaciones que solicitan los ejidatarios, sin embargo, recordó que las cartas de adquisición son del Gobierno del Estado.
“Tendríamos que esperar a que alguna autoridad agraria se manifieste al respecto y en definitiva para ver quién tuviera la razón, si el Ejecutivo del Estado o los ejidatarios”.
Es importante hacer mención que fueron casi 300 hectáreas las que se expropiaron hace más de 30 años para la instalación de un complejo industrial, al no realizarse el proyecto y tal como lo marcaba el contrato la tierra debió ser regresada a los ejidatarios o bien, darles alguna compensación. Se hizo una situación similar hace pocos años, sin embargo los juicios agrarios actuales datan desde el año 2015.