Juicio político, figura legal de ficción; la mayoría no procede
Morelia, Mich.- La del juicio político, se ha convertido en una figura legal de ficción, prácticamente ningún caso que arriba al Congreso del Estado procede; ni siquiera pasa el primer filtro para que se revisen a fondo
Los abusos, excesos o irregularidades cometidas por servidores públicos que buscan ser denunciados por los ciudadanos, se han encontrado pared en el Poder Legislativo para ser analizados y en su caso sancionados.
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Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado se han convertido en el dique para que los juicios políticos promovidos puedan ser analizados de fondo, ya que son el primer filtro en la Cámara para la revisión de asuntos de esta naturaleza al determinar si tienen o no sustento legal para proceder.
En Michoacán sólo cinco juicios políticos han procedido, con sanciones que derivan en la inhabilitación de los funcionarios denunciados.
En 2003 tras la alternancia en el poder michoacano, empezaría a ser frecuente la promoción de juicios políticos a ediles o autoridades con la idea de que éstos pudieran proceder. Las resistencias en el Congreso para dar cauce a estas solicitudes permanece de entonces a la fecha, y generalmente se busca el acuerdo político y no la salida legal.
El 13 de noviembre de 2003 el Congreso local declaró la revocación del mandato contra todos los integrantes del Cabildo de Ario de Rosales, luego de que desconocieran al Juan Martín Merino Castillo, quien a su vez también fue enjuiciado, aunque su caso tardó ocho años en resolverse.
En septiembre de 2009 síndico y regidores presentaron solicitud al Congreso contra la alcaldesa de Uruapan, María Dóddoli Murguía, quien los destituyó de sus cargos sin facultad y mandó llamar a sus suplentes. Lo diputados tardaron dos años en resolver el asunto, por lo que en marzo de 2011 emitió la procedencia del juicio político. Dóddoli ya no era presidenta municipal por lo que los legisladores procedieron a inhabilitarla por tres años.
El mismo día la Cámara resolvió el caso Dóddoli y el caso Tzintzuntzan, éste último también de juicio político.
Los diputados aprobarían la destitución de siete de los integrantes del Cabildo de Tzintzuntzan, a quienes además, junto con el extesorero municipal, inhabilitó por tres años. Al munícipe J. Abel Martínez Rojas lo destituiría del cargo y lo inhabilitaría por tres años.
Inconformes síndico y regidores promoverían una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso, la cual les concedería la razón por lo que la decisión de la Cámara local de destituirlos e inhabilitarlos quedaría sin efectos.
Pasaron siete años para que el Congreso local volviera a enjuiciar políticamente a alguna autoridad. Fue el 15 de julio de 2016, al exalcalde de Vista Hermosa, Francisco Omar Corza Gallegos, al considerar que incurrió en quebranto a la hacienda pública municipal por alrededor de cuatro millones de pesos.
Al año siguiente –en 2017- la LXXIII Legislatura inhabilito por dos años al exalcalde de Zitácuaro Francisco Campos Ponce, acusado por ciudadanos de nepotismo y manejo irregular de las cuotas del ISSSTE.
En la pasada Legislatura local, sólo dos asuntos pasaron a manos de la Comisión Jurisdiccional para ser analizados de fondo, uno el del juicio contra el ex Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado promovido por un grupo de ciudadanos (que aún está en proceso); y el presentado por legisladores del PRD contra el diputado Antonio Madriz Estrada, el cual permanece archivado, sin resolución formal.
El artículo 108 de la Constitución Política del Estado establece que el juicio político es el procedimiento para fincar responsabilidad política a un servidor público. Implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por el Congreso del Estado y sus sanciones serán de carácter eminentemente político y administrativo.
Asimismo establece que pueden ser sujetos de juicio político, el gobernador, los diputados, el Auditor Superior, los magistrados, los consejeros del Poder Judicial, los jueces de Primera Instancia, jueces menores, los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, y los integrantes o titulares de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, así como los integrantes y funcionarios de los ayuntamientos que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual sea el origen de su encargo.
La tendencia para frenar los juicios políticos que se promueven persiste en el Congreso. Ninguno de los casos que han llegado a las manos de los actuales diputados han prosperado.
Ninguno de los tres juicios promovidos contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo obtuvieron el “ha lugar” para su análisis de fondo. Tampoco corrió con mejor suerte el promovido contra quienes formaron parte del Cabildo de Zitácuaro en la pasada administración municipal.
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