Un juez federal sanciona a los consejeros del INE con una multa significativa por incumplir una suspensión a la elección judicial.
Ciudad de México.-Un magistrado federal ha sancionado con una multa individual de 54 mil 285 pesos a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por desatender una orden judicial que suspendía ciertos preparativos de la reforma judicial.
La sanción fue dictada por Francisco Javier García Contreras, juez segundo de Distrito en Colima, quien exigió al INE acatar la suspensión provisional y le otorgó un plazo de 24 horas para cumplir.
Determinan multa para consejeros del INE
El 24 de septiembre, el juez había ordenado al INE abstenerse de realizar cualquier acción para llevar a cabo las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, impidiendo así la emisión de cualquier acuerdo relacionado con la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de estas elecciones.
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El 23 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró en una “opinión” que detener las elecciones judiciales es “constitucionalmente inviable”.
La multa impuesta deberá ser pagada en los días siguientes, y el juez ha instruido que se notifique al organismo desconcentrado de recaudación de la Ciudad de México para su cumplimiento, bajo amenaza de una nueva multa de 5 mil 428.50 pesos si no se acata la resolución.
Además, el juez advirtió que de no detener la elección judicial, no solo se impondrá la multa, sino que también se procederá a dar aviso al Ministerio Público Federal para investigar a los consejeros por el delito de desacato.
Este lunes, durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto precautorio para 2025, destinado tanto a una posible Consulta Popular como a los proyectos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, estimando un gasto de 13 mil 205 millones de pesos para la elección judicial.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el aumento presupuestal propuesto por el INE, señalando discrepancias con declaraciones previas donde se mencionaba un máximo de 7 mil millones de pesos, y cuestionó la necesidad de un financiamiento tan elevado sin el apoyo directo del presupuesto público para campañas electorales.