Morelia, Michoacán.- De acuerdo con el Artículo 27 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, resulta imposible proceder a su embargo debido a que el Poder Legislativo no puede ser sujeto a resoluciones judiciales. Ello, ante la advertencia de que esto suceda, a partir de la liquidación de un laudo laboral.
“Ninguna autoridad podrá dictar mandamiento alguno que afecte los bienes del Poder Legislativo, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas sobre las personas o bienes de los diputados en el interior del Palacio del Poder Legislativo”, reza el artículo en cuestión.
Basándose en este argumento jurídico, el diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Carlos López García descartó que se pudiese presentar un escenario en el que el embargo del Congreso de Michoacán sea una opción.
“Quien diga eso no conoce de leyes, hay que hablar con cautela y en estricto apego a argumentos legales”, señaló el también presidente del Comité de Administración del Congreso local, en respuesta a argumentos contrarios emitidos por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Michoacán, Luis Fernando Rodríguez Vera.
De conseguir blindar el Congreso mediante su Ley Orgánica y de Procedimientos, el posible embargo del inmueble sería inviable, por lo que se caería el resolutivo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Michoacán, cuyo objetivo se centró en obtener respuesta a un laudo laboral.
Se trata de una demanda instrumentada por Karina Campos, quien luego de fungir como asesora del exdiputado, Jaime Darío Oseguera Méndez, fue destituida de su cargo sin finiquito, y dejando a un lado la plaza que ya había afianzado con antelación.
Bajo esta condición, la afectada decidió demandar al Congreso, consiguiendo con ello una recuperación de un millón 30 mil pesos; sin embargo, el Legislativo, a través de la Junta de Coordinación Política, se negó a liquidar dicho monto.
Al respecto, el legislador priísta rechazó que exista cerrazón por parte del Congreso, pero reconoció que el monto requerido por Karina Campos rebasaría las posibilidades económicas de la LXXIII Legislatura.
Ante este escenario, expuso que el Congreso le ofreció a la demandante una liquidación de 750 mil pesos, aunque este monto se liquidaría en parcialidades, y no en una sola exhibición como lo desea Karina Campos.
En tanto, el propio presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Michoacán, Luis Fernando Rodríguez Vera sostuvo que de existir una respuesta en torno al pendiente económico que arrastra el Congreso, este viernes se procedería al embargo del Palacio Legislativo.