Se creen que la historia tiene reversa.
Florestán
En las últimas semanas, autoridades federales desarrollaron, y desarrollan, una serie de investigaciones derivadas de denuncias que implican a los gobernadores panistas de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y de Guanajuato, Miguel Márquez, y al ex gobernador de Jalisco Emilio González Márquez, que es el que trae la averiguación más antigua.
En el caso del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, la investigación abarca el crecimiento territorial de su rancho San Rafael, en el municipio Huimilpan, en la zona conurbada de la ciudad capital y el proceso de adquisición del rancho La Haciendita, en la misma zona.
En el de Vega de Lamadrid, de Baja California, se trata de una relación de 60 supuestas propiedades, de acuerdo con los documentos, algunas adquiridas a partir de 2013, que inició su gobierno. Además, destacan dos desarrollos: uno inmobiliario y otro turístico en el mismo estado. Y en el paquete se revisa la propiedad y origen de casas de empeño Baja California, que manejaría un hermano político, y de las que cerró la mayoría, pero la PGR supervisa el posible lavado de dinero, como ha ocurrido en otros establecimientos de este tipo.
Y en el de Guanajuato, Miguel Márquez, la compra de 260 hectáreas que se habrían vendido al triple de su valor, para la instalación de la empresa Toyota, y la operación de compraventa de terrenos para la ampliación de la refinería en Salamanca, donde se revisa la intervención de uno de sus familiares, además de haber sido cuestionado por la licitación de mil 200 millones de pesos de medicinas, para lo que se investiga a los laboratorios y grupos de proveedores, y la licitación de tabletas por un valor de 300 millones de pesos, que se adjudicó a un solo proveedor.
Y Emilio González Márquez tiene, entre pendientes, el de la Villa Panamericana que representa 2 mil 500 millones de pesos.
Hasta el momento, no hay información pública sobre todas estas operaciones, pero las investigaciones buscan confirmarlas y compararlas, con sus declaraciones patrimoniales y sus historias de ingresos, y al tenerlas en firme, aplicar la ley como se tiene que aplicar: pareja.
Retales
1. Deudas. Ahora se sabe que los partidos políticos deben cerca de 700 millones de pesos al SAT, al IMSS y al Infonavit, lo que podría constituir un delito, sobre todo en el caso de las cuotas del Seguro Social y del Infonavit;
2. Solvencia. Ante estas deudas, los partidos no pueden alegar falta de solvencia, porque de los 15 mil millones de presupuesto del INE, ellos reciben más de cuatro mil millones; y
3. Más. El gobierno de Veracruz debe al OPLE estatal 170 millones de pesos del pasado proceso electoral, por lo que no han podido pagar ni a los proveedores y hay elecciones municipales el año que viene, lo que en estas circunstancias no pueden organizar.
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