Una vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluya las investigaciones sobre el desvío de los 500 millones de pesos del Fondo de Pensiones del Estado, se aplicará la ley a los responsables que ejecutaron el ilícito, expresó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, luego de que el mandatario de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, revelara que 150 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2014, además de que 350 millones de pesos no se pagaron de enero a septiembre de 2015.
El encargado de la política interna de la entidad detalló que las denuncias interpuestas por la Secretaría de la Contraloría sobre el ilícito señalado, no están aún dirigidas hacia una persona en particular, pues la PGJE será la encargada de investigar indeterminados quiénes fueron los responsables del delito.
“La denuncia no está dirigida en contra de una persona determinada, la fase de ser una noticia de un hecho presuntamente delictuoso y la parte que habrá de arrojar a persona en específico es justo lo que hará la investigación”, señaló.
López Solís también mencionó que ya hay investigaciones por los desvíos de recursos destinados para terceros institucionales, pues detalló, “concurren ahí temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, entonces las auditorías han ido por sector, yo espero que pronto estemos avanzando ya en la definición de denuncias respecto de otras áreas”.
En ese sentido, explicó que la Secretaría de la Contraloría ya prepara otro expediente para emitir denuncias penales por irregularidades en áreas como educación, salud y seguridad pública.
“Una vez ya quedó resuelto por parte de la Secretaría de la Contraloría la interposición de las denuncias que ya conocemos, se ha seguido trabajando”, en el resto de las áreas como es seguridad pública, salud, obra pública y educación”, dijo.
Asimismo, aseguró que el gobierno estatal investiga todas las administraciones en las que existen sospechas de irregularidades, a efecto de proceder en la aplicación de la ley, y ello incluiría a la administración que encabezó Leonel Godoy Rangel.
“Se está investigando todo lo que corresponde a todos los periodos en los que se identifican problemas de desvíos o de carácter administrativo y no solo por lo que concierne a la responsabilidad estatal, sino también donde hay algunas dictaminaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación”, detalló.
En cuanto al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que coloca a Michoacán solo por debajo de Veracruz, como la segunda entidad con mayor desvío de recursos durante los años de 2011 al 2015.
Al respecto, opinó, “lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación ellos tienen sus propios criterios, sus propios procedimientos, lo que corresponde a investigaciones en el ministerio público estatal o local, pues nosotros atendemos tan pronto formen parte de las carpetas de investigación, como ha habido también requerimientos de información por parte de la Procuraduría General de la República”.