Morelia, Mich.- Sin el debido sustento financiero y mediante la firma de minutas, entre 1995 y 2014, ocho administraciones estatales reconocieron prestaciones y bonos al magisterio michoacano que, en el año 2015, acumularon un déficit cercano a los cinco mil millones de pesos.
En consecuencia, los compromisos no regulados ocasionaron retrasos en los pagos al sector magisterial a cargo del estado, así como su permanente confrontación con el Gobierno de Michoacán.
Simultáneamente, la entrega automática de plazas a quienes egresaban de las escuelas normales, fue la causa del crecimiento exponencial de la nómina y, por ende, del recurso requerido para que el Ejecutivo se pusiera al corriente.
Las consecuencias: suspensión de clases, paros de labores, toma de vías férreas y de oficinas gubernamentales, plantones, marchas y bloqueo de vialidades urbanas y carreteras, medidas que, principalmente, mermaron el desarrollo educativo de la niñez inscrita en instituciones públicas.
El Nuevo Acuerdo por la Educación de Michoacán
Michoacán es el primer estado en firmar el Nuevo Acuerdo Educativo con el Gobierno de México. Esto significa, la garantía de pagos puntuales y completos a las maestras y los maestros estatales, cuya intermitencia motivó las movilizaciones sindicales.
La firma del convenio marco, entre el gobernador Silvano Aureoles Conejo y los secretarios federales de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP), Arturo Herrera Gutiérrez y Esteban Moctezuma Barragán, ocurrió el pasado 23 de enero en la capital mexicana.
Así, la entidad se convierte en un modelo nacional de lo que el Gobierno de México pretende aplicar en todo el país. Es ejemplo de la resolución exitosa de uno de los mayores problemas que a otras entidades federativas también perjudica.
El documento signado, es el resultado de un largo proceso de gestiones y negociación del Gobierno de Michoacán, en el que la Presidencia de la República mostró total apertura.
En resumen, el estado estima cubrir un 12 por ciento global del presupuesto requerido, es decir, alrededor de cuatro mil millones de pesos, a diferencia de los 10 mil millones de pesos que pagaba anteriormente, recurriendo a mecanismos provisionales de apoyo federal y a costa de recortes a sectores claves para el desarrollo social, como infraestructura y campo.
Así, el Ejecutivo michoacano no se deslinda de su obligación, porque durante casi tres décadas tuvo que costear el incumplimiento federal del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) que, firmado el 19 de mayo de 1992, determinó su descentralización.
El legado político de Silvano Aureoles
Concluyo que son tres, los grandes beneficios directos del Nuevo Acuerdo Educativo.
El primero, la certidumbre que otorga al gremio magisterial a cargo del estado, que recibirá en tiempo y forma los salarios devengados, y demás compromisos pactados.
El segundo, la garantía de que las niñas y los niños que cursan sus estudios de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de Michoacán, asistirán a clases durante todo el ciclo escolar, sin interrupciones, haciendo valer su derecho a la educación, lo que también favorece a sus padres y madres.
Y en tercer lugar, el que Silvano Aureoles está legando a sus sucesores, quienes podrán presumir mejores resultados, mayores inversiones y menores problemas. No lidiarán con la inestabilidad que termina con el Acuerdo y tendrán la oportunidad de mejorar la relación laboral con las maestras y maestros estatales. Es, en suma, un avance trascendental en el saneamiento financiero, del que no tendrán que afrontar el alto costo político que ha implicado para el Gobernador en funciones.
Mientras tanto, ya se oyen las voces oportunistas que en nada se involucraron para lograrlo. Desde la oposición morenista, hay quienes exigen que el mandatario estatal aclare lo que hará con el dinero “que se ahorrará”.
¿Acaso se puede ahorrar lo que nunca ha tenido?