Por encima del discurso en torno a la transformación educativa, los mensajes reiterados de que existe voluntad política y los compromisos presidenciales establecidos con el desarrollo educativo nacional, la realidad se sigue imponiendo: impera la innegable situación de rezago educativo, precariedad en la infraestructura física educativa, en el equipamiento y conectividad, prevalecen el analfabetismo, baja escolaridad y escaso logro en el aprendizaje, a la par que los trabajadores de la educación están sobrecargados de trabajo administrativo y de planificación, sin apenas recibir formación continua ni actualización, mientras que los estudiantes y sus familias están a merced de la violencia delincuencial, de la pobreza, la marginación, la migración forzada y muchos otros males más.
Al momento de intentar construir soluciones, un reiterado problema adicional que surge es la inequidad presupuestal, que a su vez se ha convertido en uno de los principales flagelos que impiden el ejercicio universal de los derechos educativos en México y en Michoacán de Ocampo en particular. El Artículo Tercero constitucional es una bonita declaración de buenas intenciones, que en la práctica está muy alejada de ser una realidad viviente y asequible para las generaciones en formación, al enfrentarse una de las principales brechas, que es la presupuestación, puente infranqueable entre el abismo que separa las intenciones de los diputados constituyentes de la realidad para los mexicanos.
Cómo pensar en que el atributo constitucional de la universalidad educativa sea una realidad para todos, si los servicios que ofrece el Estado mexicano no cubren a todo el universo de personas que tienen derecho a la educación; cómo hablar de inclusividad cuando la gran mayoría de las personas con discapacidad están fuera del sistema educativo nacional; cómo afirmar que existe gratuidad cuando afrontar las barreras para el aprendizaje y la participación escolar es privativo para las familias que viven en contextos de pobreza y vulnerabilidad; cómo hablar de excelencia cuando la infraestructura, la plantilla de personal, el equipamiento, los consumibles, los materiales educativos y los servicios básicos en las escuelas no están siquiera completos, ni se garantiza que los mínimos estén garantizados y, cómo hablar de obligatoriedad cuando pareciera que para la mayoría de los estudiantes todo el contexto socioeconómico conspira para que no culminen sus respectivas trayectorias educativas hasta obtener un título de una carrera universitaria de su elección.
Estar, aprender y participar en las escuelas de la entidad federativa son derechos inalienables para las niñas, niños y jóvenes, pero en la práctica hay grandes asimetrías que constituyen formidables barreras para el aprendizaje y la participación escolar, contra las cuales deben luchar en aras de alcanzar sus sueños y aspiraciones, movilidad social, bienestar, conocimientos y trayectorias educativas completas.
Lamentablemente, igualar las oportunidades para todos es un criterio olvidado en la elaboración de políticas públicas, programas y presupuestos. Gobernar es presupuestar. Y quien no asigna un presupuesto digno, equitativo y justo, dista de gobernar efectivamente, al incumplir una de las principales tareas del Estado: redistribuir el gasto público para nivelar los desequilibrios que la dinámica del capital genera entre seres humanos, de tal manera que existan oportunidades para todos.
En estos momentos en los cuales se están construyendo los presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal, la asignación de recursos para 2025 es una preocupación generalizada, toda vez que es del dominio público que la inflación ha crecido durante este año, así como la deuda pública, vaticinándose el siguiente ejercicio fiscal como más complejo que el presente. Por esa razón, estamos siendo testigos de una gran cantidad de marchas, plantones, movilizaciones, mesas de negociación, ruedas de prensa, posicionamientos y toda clase de comunicaciones que se encuentran en la agenda pública de estos días, en donde podemos destacar que el sistema educativo se encuentra en efervescencia por la situación crucial que se vive: permanecer silentes e impávidos puede representar asumir recortes presupuestales para el año próximo, los cuales pondrían en vilo la estabilidad política y la gobernabilidad de las instituciones; mientras que, excederse en la protesta pudiera representar una falta de tacto que el régimen podría castigar mediante algún recorte o estancamiento presupuestal.
Por ende, los grupos movilizados al interior del sistema educativo michoacano hacen sus respectivas jugadas y se reúnen con los legisladores federales y locales, así como con funcionarios del gabinete educativo, recorriendo el espectro que lleva de la diplomacia a la protesta, de acuerdo con los escenarios que calculan, sus respectivos intereses, así como sus cuotas de poder e influencia.
Entonces, resulta sencillo comprender por qué en este momento del año, los militantes del movimiento normalista han realizado diversas acciones de presión, en aras de obtener más recursos para el próximo ejercicio fiscal. Así también, las diversas fracciones del sindicalismo y la disidencia magisterial han emprendido medidas para Impulsar la contratación de personal que ellos recomiendan, para plazas definitivas y contratos temporales, así como para conseguir bases laborales para sus agremiados y establecer las reglas que reemplazarán a las de la USICAMM, entre algunas de sus principales causas.
Paralelamente, el trabajo técnico se ha intensificado. Los diputados federales que conforman la Comisión de Educación se pronunciaron recién en torno al presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública, Ramo 11, el cual calificaron como “correcto y positivo”; empero, se recomendó por parte de tan importante comisión reasignar recursos adicionales por 71 mil 466 millones 907 mil 284.18 pesos, con el objetivo de “priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”. Sin duda es una posición compleja, ya que, por una parte, al ser parte del partido del régimen vigente, la Comisión de Educación debió aprobar, con 30 votos a favor y 11 en contra, su opinión en sentido positivo respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 en materia educativa, el cual comprende 450 mil 887 millones, 888 mil 417 pesos, que representa una disminución real del 1.5 por ciento.
Por ello, la recomendación que emitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de reasignar recursos adicionales por un monto de 71 mil 466 millones 907 mil 284.18 pesos, para fortalecer el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, siendo universal, obligatoria, inclusiva, pública, laica y gratuita. Sin duda, lleva intrínseco el contraste el posicionamiento, al aprobar, pero recomendar. Veremos si se realizan modificaciones en los términos señalados o si prevalece la inercia como tendencia en la discusión y eventual aprobación del Paquete Económico 2025 a nivel federal.
A nivel estatal, se espera que pronto los diputados locales y sus equipos de trabajo concluyan la revisión del Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo 2025 y con ello, empiecen a posicionarse vertiendo argumentos técnicos al respecto, para que se deslicen las respectivas recomendaciones y se modifiquen las inercias que se vislumbran en el presupuesto educativo, así como los vacíos informativos, que pueden representar debilidades que repercutan en los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad.
Desde la sociedad civil organizada, esta semana Mexicanos Primero presentó los resultados del análisis del Fondo de Aportaciones Múltiples, donde se demuestra que la distribución presupuestal adolece de equidad en la asignación de recursos federales para infraestructura educativa de las entidades.
Un hallazgo fue que los estados que mayor presupuesto reciben de la federación para la infraestructura de las escuelas
de preescolar, primaria y secundaria, no son aquellos con mayores necesidades, sino los que cuentan con un mayor número estudiantes y escuelas, hecho que pone en desventaja a las entidades con las mayores carencias porque, paradójicamente, son las que menos recursos recibirían.
El FAM comprende los recursos para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de educación básica, media superior y superior.
No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se propone transferir más recursos a las entidades con mayor número de estudiantes y de escuelas, y no a las que tienen más carencias de infraestructura escolar. Es decir, no se consideran las necesidades de las entidades en cada nivel educativo, sino el tamaño de la matrícula escolar y la cantidad de escuelas.
Con estos criterios, la entidad que más recursos recibió del FAM-Básica en los años 2023 y 2024, fue el Estado de México que tiene 19,128 planteles de educación básica, de los cuales el 24.2 por ciento no tiene los servicios básicos completos: sanitarios, lavamanos, agua y electricidad.
En contraste, Oaxaca tiene 13 mil 666 planteles de educación básica, de los cuales, 7 de cada 10 carecen de servicios básicos completos. Y aun así, recibió menos de un tercio de los recursos que se otorgaron al Estado de México. El proyecto de presupuesto para 2025 mantiene esta misma tendencia para estas dos entidades.
La falta de una perspectiva de equidad en la estimación de recursos para infraestructura escolar ocasiona que entidades federativas con mayores necesidades cuenten con menos recursos de la federación de los que requieren. Al hacer la estimación sin tomar en cuenta estas necesidades, se pasa por alto la afectación que la calidad de la infraestructura tiene en las condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Considerando que lo básico en infraestructura y servicios no está garantizado en las escuelas, esta falta de equidad implica que cada entidad aporte los recursos para mejorarla.
Más aún: si esto ocurre con el FAM a nivel nacional, ¿qué ocurrirá a nivel municipal? ¿Habrá la más mínima consideración para evitar los desequilibrios e inequidades entre escuelas rurales y urbanas en Michoacán de Ocampo? Partiendo del principio de máxima difusión, el Paquete Económico 2025 de Michoacán debería anunciar cómo se distribuirán los recursos en los 113 municipios de la entidad, pero esta información simplemente no se ha elaborado.
Es más, partamos de un análisis más simple: comparemos bajo un principio de equidad el presupuesto por estudiante del Colegio de Bachilleres con el del Telebachillerato Comunitario; el de la Universidad de La Ciénega con la Universidad Virtual o el de los planteles de CONAFE con el de las primarias-insignia de la zona urbana de Morelia. Las asimetrías son abismales.
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Mexicanos Primero a través de la campaña #EchaleUnOjoAlPresupuesto hace un llamado a las y los diputados para que garanticen una distribución más equitativa de los recursos y asegurar que se cuente con los recursos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes aprendan en un entorno digno y seguro, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor rezago social.
Gobernar es presupuestar y destinar recursos a la educación con inclusión y equidad es administrar visionariamente, pensando en las próximas generaciones, más allá de congraciarse con la corte política. Las niñas, niños y jóvenes merecen condiciones dignas para ejercer sus derechos educativos. Estamos a tiempo de construir un mejor escenario para 2025 en el sistema educativo michoacano.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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