Morelia, Michoacán.- Desde el Congreso de Michoacán se exigió que la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) ejecute las sanciones correspondientes por las irregularidades registradas en la obra de la presa Francisco J. Mújica, la cual estuvo a cargo de la empresa brasileña Odebrecht.
En representación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Mario Armando Mendoza lamentó el hecho de que aun cuando existe una investigación abierta en torno al caso Odebrecht-presa Francisco J. Mújica, hasta el momento no se ha girado sanción alguna.
“Sabemos que existe ya una investigación sobre el tema, pero en repetidas ocasiones le hemos solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán el informe completo de lo que se ha observado pero hasta ahora no tenemos una respuesta”, refutó el legislador, quien, por cierto, ha venido coordinando la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción desde el Congreso local.
Es por ello que el diputado del tricolor subrayó que la LXXIII Legislatura no quitará el dedo del renglón, en tanto no se aprecie una postura acorde a la situación por parte de la ASM, una instancia que ha sido fuertemente criticada por los diputados locales ante la “omisión” que algunos legisladores aprecian en su accionar.
Incluso, por esta misma situación, en tribuna, el diputado de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez propuso la extinción de dicho órgano, por considerar que sus determinaciones han sido “tibias” ante los múltiples casos de irregularidades administrativas que se registran en la entidad.
Bajo la misma línea, la diputada Yarabí Ávila González lamentó que en este caso, como en el del Teatro Matamoros, aún no exista una postura firme por parte de la ASM para girar sanciones sobre los funcionarios que resulten responsables de las inconsistencias que acompañan a las obras en cuestión.
“Pedimos un informe general, pero no tenemos una respuesta en concreto. Es necesario que sigamos insistiendo para que no siga existiendo impunidad en este tipo de temas”, opinó la diputada emanada del partido tricolor.
Un poco más mesurado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso resaltó la necesidad de que se compruebe la información que hace unas semanas se hizo pública sobre el caso Odebrecht-presa Francisco J. Mújica, a fin de que los señalamientos no sólo queden en especulaciones.
Se entiende la postura del diputado emanado del PRD, ya que a ese mismo instituto político pertenecen los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, quienes presuntamente serían los principales responsables del sinfín de inconsistencias que acompañan a la presa Francisco J. Mújica.
¿Por qué las irregularidades?
Se habla de irregularidades, cuando la presa ubicada en Tierra Caliente, conocida como ‘Francisco J. Múgica’, si bien se debió entregar en octubre de 2008, fue concluida a principios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos, pese a que en inicio la proyección presupuestal fue de mil 500 millones de pesos.
Con base en documentos obtenidos a través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato con la empresa brasileña se signó el 29 de noviembre de 2006, cuando al frente del Gobierno de Michoacán se encontraba el perredista Lázaro Cárdenas Batel.
Aun cuando en las especificaciones del contrato se puntualizó que la obra se ejecutaría bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, que se traduce en que no existirían incrementos en la obra; como ya se mencionó, la situación fue distinta.
Los términos del acuerdo con la administración a cargo de Cárdenas Batel se rompieron cuando Godoy Rangel asumió la gubernatura, pues violentando las clausulas iniciales, se autorizó una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, además de obras adicionales por 813 millones de pesos más.
Con todo y las facilidades otorgadas, para junio de 2010 Godoy, además de liberar a Odebrecht contratos extra por mil 414 millones de pesos, le concedió la posibilidad a la empresa brasileña de culminar la presa ‘Francisco J. Múgica’ a inicios de 2012. No obstante, como se mencionó al inicio de esta nota informativa, la obra se concluyó hasta 2013.
Respaldada en dos auditorías, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la obra se entregó con importantes inconsistencias, considerando que el proyecto original contemplaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero sólo se garantizó la fluidez de 500 litros por segundo.