El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, divulgado por Transparencia Internacional, muestra una lucha estancada contra la corrupción en el ámbito público a nivel global. Con un promedio mundial inalterado de 43 en una escala de 0 (sumamente corrupto) a 100 (altamente íntegro), se evidencia la necesidad de reformas profundas.
Un preocupante 60% de los países evaluados, de un total de 180, registraron puntuaciones menores a 50, lo que indica una lucha contra la corrupción que requiere mayor impulso. Asociadas a la baja eficacia de los sistemas de justicia, estas puntuaciones resaltan la importancia del acceso a la justicia como pilar en la erradicación de la corrupción. Este problema afecta tanto a regímenes autoritarios como a democracias que ven mermada la justicia por la impunidad en casos de corrupción.
Dinamarca, con un puntaje de 90, se destaca como el país con menor corrupción según el IPC, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 y 85 respectivamente, ambos con excelentes calificaciones en el índice de Estado de Derecho.
Por otro lado, más de 23 naciones han alcanzado sus peores registros en el IPC, incluyendo tanto democracias consolidadas como regímenes autoritarios. Islandia, aún entre los 20 mejores, marcó su mínimo histórico, mientras que Somalia se mantuvo entre los cinco países con la corrupción más alta, a pesar de una leve mejora desde su puntuación más baja en 2019.
El IPC subraya que los países con los peores resultados son aquellos sumidos en crisis prolongadas, como Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen. En contraste, hay naciones que han mostrado una tendencia decreciente en corrupción desde 2018, incluyendo a países de ingresos bajos y medios, así como economías avanzadas.
En el caso de México, se conservó un puntaje de 31 de 100, ubicándose en el puesto 126. Transparencia Internacional atribuye la falta de avance en la lucha contra la corrupción en México, a la destitución de fiscales y jueces y la manipulación de leyes por intereses privados.
Transparencia Internacional enfatiza la persistencia de barreras a la justicia para víctimas de corrupción y exhorta a los gobiernos a garantizar un acceso efectivo a la justicia.